Construir un futuro fiscal más equitativo para América Latina

Colombia fue anfitriona en Cartagena, junto con Brasil y Chile, de la primera cumbre ministerial para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa. La elección de la sede refleja el compromiso de Colombia de hacer frente a la pobreza y la desigualdad a través de impuestos progresivos. La emblemática reforma tributaria del gobierno colombiano, impulsada por el Ministerio de Hacienda entonces bajo mi dirección y aprobada por el Congreso de Colombia a finales de 2022, es un ejemplo destacado de este compromiso. Sin embargo, una vez implementada, era esencial centrar la atención en mejorar la progresividad fiscal en el conjunto de América Latina y el Caribe, una de las regiones económicamente más desiguales del mundo, con disparidades de ingresos pronunciadas: el 10% de las personas con mayores ingresos gana 22 veces más que el 10 % más pobre y el 1 % más rico contabiliza 21 % del ingreso total de la región. La desigualdad de riqueza es aún más pronunciada: el 10 % más rico de la región posee el 77 % del total de la riqueza financiera de los hogares, frente a menos del 1 % en manos del 50 % más pobre. Además tiene sistemas tributarios regresivos muy enraizados, lo que refleja de manera general su fracaso persistente para gravar a las rentas más altas, y las rentas del capital. La evasión y elusión tributaria generalizadas han privado a los gobiernos de recursos que necesitan para aumentar la inversión social y mitigar los efectos de la desigualdad de ingresos. Para hacer frente a algunas de las estrategias de elusión tributaria más flagrantes utilizadas por grandes empresas multinacionales, el G20 y la OCDE lanzaron la iniciativa Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios, que resultó en un paquete de reformas respaldado por 138 países. Pero las esperanzas iniciales de que este proceso condujera a reformas integrales se han hecho añicos, y las medidas delineadas en el Pilar Dos de este acuerdo de la OCDE podrían incluso profundizar las desigualdades existentes entre países. Por otra parte, el 15 % propuesto es una tasa muy inferior al promedio del impuesto sobre la renta a las empresas a nivel latinoamericano, que actualmente se sitúa en torno al 24%. Por eso, desde la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional defendimos que se situara en el 25%. Este resultado decepcionante se debe en parte a la incapacidad de los países de América Latina y el Caribe para incidir en las negociaciones multilaterales con una voz fuerte y unificada. Para lograr marcos regulatorios más justos y que representen mejor al Sur Global, debemos garantizar que los procesos de gobernabilidad internacional sean transparentes e incluyentes. La cumbre de Cartagena marca el primer paso hacia un cambio en la forma en que los países de América Latina y el Caribe aborden las negociaciones multilaterales para establecer una tributación más eficaz en toda la región. La conferencia, con 16 países participantes, cuenta con el apoyo de Cepal y es el resultado de un largo proceso preparatorio caracterizado por una serie de diálogos con el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil. Tenemos la esperanza de que esta cumbre sea histórica y sirva para apalancar la colaboración entre los gobiernos de la región. Defender intereses compartidos requiere dejar atrás la competencia tributaria entre nosotros para atraer inversión extranjera y desarrollar un marco para gravar servicios digitales que se ajuste a nuestras necesidades.