Azalina Othman: ¿La tecnología puede terminar con la corrupción?
La tecnología puede ayudar a detectar irregularidades, pero las leyes anticorrupción deben terminar el trabajo
A fines de octubre, la Academia Internacional contra la Corrupción (IACA) en su reunión anual en Viena con representantes de 81 Estados miembro evaluó los avances en el combate a la corrupción mediante educación, programas de capacitación e investigación.
Según el Foro Económico Mundial, la corrupción le cuesta a la economía mundial unos $ 2,6 billones al año, alrededor del 5 % del PIB global, dejando menos recursos para servicios esenciales en países en desarrollo.
Las herramientas digitales pueden y deben desempeñar un papel importante en el esfuerzo por erradicarla. Los gobiernos pueden utilizarlas para aumentar la transparencia, promover la rendición de cuentas y empoderar a los ciudadanos.
Pero la tecnología por sí sola no puede garantizar el éxito. Los responsables de las políticas deben comprometerse con las medidas anticorrupción, ofrecer liderazgo y visión, y defender el Estado de derecho.
La tecnología puede contribuir a la lucha contra la corrupción permitiendo la digitalización de los servicios públicos, donde los engorrosos procesos burocráticos se convierten en caldo de cultivo para chanchullos y sobornos. Las plataformas digitales agilizan y automatizan estos servicios, y minimizarían las interacciones cara a cara y reducirían las oportunidades de cometer irregularidades. Los gobiernos también podrían utilizar la tecnología de cadena de bloques y la inteligencia artificial (IA) para identificar y prevenir la corrupción.
Los sistemas de contratación pública basados en cadena de bloques crearían un registro transparente e inmutable de los procesos de licitación. La IA y el análisis de datos pueden rastrear flujos financieros ilícitos y detectar patrones y anomalías. Algunos de los mayores escándalos de corrupción del mundo han sido revelados por denunciantes. Para facilitar las denuncias, los responsables de las políticas deberían introducir sistemas encriptados que permitan a los individuos denunciar incidentes de corrupción y soborno de forma anónima.
Estas plataformas, sumadas a redes sociales, permiten denunciar rápidamente y sin temor a represalias, presionando a los gobiernos y a las empresas a tomar medidas. No obstante, la tecnología no puede impedir que malos actores encuentren vías alternativas. Y la brecha digital entre países ricos y pobres implica que ciudadanos y funcionarios del mundo en desarrollo a menudo carecen de acceso a herramientas anticorrupción.
Para que las herramientas digitales sean eficaces, los gobernantes deben estar capacitados para detectar irregularidades y conocer las mejores prácticas. Para ello la IACA ha centrado esfuerzos en programas de educación y capacitación. La ética y el razonamiento moral deben integrarse en programas escolares desde edad temprana. Y funcionarios públicos, líderes empresariales y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley deben recibir formación periódica sobre medidas anticorrupción más eficaces y eficientes.
Los gobiernos deben defender el Estado de derecho aplicando enérgicamente la legislación anticorrupción y cerrando lagunas legales. Para condenar a los corruptos se necesitan marcos jurídicos sólidos, un poder judicial independiente y organismos encargados de hacer cumplir la ley con capacidad de actuación. Sin ellos, ni siquiera la mejor tecnología podrá tener un impacto real. La erradicación de la corrupción es una de las luchas más importantes de nuestro tiempo y hoy disponemos de herramientas digitales potentes.