Jan-Werner Mueller: No, Le Pen no fue acusada injustamente

A finales del mes pasado, un tribunal francés le prohibió a Marine Le Pen presentarse a cargos políticos durante cinco años, alegando que su partido, la ultraderechista Agrupación Nacional (RN), malversó sistemáticamente más de 4 millones de euros (4,5 millones de dólares) de fondos públicos. Los recursos destinados al personal de los diputados del Parlamento Europeo en Bruselas se utilizaron, en su lugar, para cubrir los gastos de RN en Francia. 

Le Pen ha apelado al veredicto, y sus seguidores no son los únicos que lo critican. Voces progresistas también argumentan que sería mejor permitir que Le Pen se presentara a las elecciones presidenciales de 2027 y que fuera juzgada por los votantes. Sin embargo, estos argumentos para priorizar la política por sobre la ley son profundamente erróneos. 

Uno de esos argumentos se hace eco de la afirmación del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, de que las élites políticas europeas no confían en su propio pueblo. Según él, no tienen ningún problema en anular los resultados electorales que no son de su agrado. A falta de prohibiciones, las élites europeas han excluido a los partidos de extrema derecha del gobierno. 

El ejemplo reciente más importante es el ‘cortafuegos’ alemán: el compromiso de todos los demás partidos importantes de no gobernar con el partido de extrema derecha Alternative für Deutschland (AfD), que quedó en segundo lugar en las elecciones federales de febrero. Sin embargo, no hay absolutamente ninguna prueba de que la justicia francesa actuara a instancias de los políticos o, lo que es más importante, de que se estuviera metiendo con Le Pen. 

Mostrar indulgencia con políticos populares que han infringido la ley puede tener consecuencias nefastas para la democracia. Indicaría que estas figuras están por encima de la ley, como en EE.UU., donde la Corte Suprema ha declarado al presidente Trump inmune a todo procesamiento por cualquier acción oficial. Su segundo mandato ya ha sido un desfile de anarquía, lo que refleja su creencia de que él es la ley. Peor aún, muchos votantes inferirán que el comportamiento de Trump, en general, es correcto, pues instituciones de élite como la Corte Suprema así lo han dicho. 

La indulgencia para los políticos populares también corre el riesgo de crear un incentivo perverso para entrar en política y evitar así encuentros con los tribunales, mas los escépticos a la hora de aplicar la ley adecuadamente contra los líderes populistas también alegan que las condenas permitirán que estos políticos se presenten como mártires, lo que posiblemente aumente su popularidad. Los políticos populistas siempre afirman ser víctimas de élites liberales corruptas que han ignorado “al pueblo” y han tratado de marginar a sus auténticos representantes. 

Pero también podría preocupar que las sentencias contra políticos que se autoproclaman como antisistema pudieran socavar la confianza en el poder judicial. Sin embargo, los populistas normalmente atacan a los jueces independientes acusándolos de “enemigos del pueblo”. En lugar de hacer concesiones innecesarias cuando se trata del Estado de derecho, los políticos, profesionales del derecho, periodistas y académicos deberían decir que los tribunales imparciales son cruciales para impartir justicia y para sostener lo que los jueces de París llamaron un “orden público democrático”.