Diana Acosta: Aporreo sindical
Los jueces no pueden aceptar tutelar un derecho constitucional que no ha sido vulnerado
Como regalo de San Valentín, la Corte Constitucional, cuando nadie les pedía agilidad, se puso célere y despachó una colosal sentencia en contra de un millonario contrato colectivo de CNEL, pegándoles un soberano aporreo sindical.
La sentencia 1788-24-EP/25 aprobada por el pleno de la Corte dice que existió una desnaturalización de la acción de protección, presentada por el sindicato de la empresa, y concluye que los jueces excedieron sus competencias al reconocer derechos que, “según la Ley Orgánica de Empresas Públicas, no corresponden a los servidores administrativos”.
La Constitución es clara: “en las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo” (art. 326#16). Por ende, por mandato constitucional los funcionarios administrativos no están amparados por los mismos beneficios colectivos que tienen los trabajadores; cualquier resolución en contrario vulnera la seguridad jurídica.
Si bien la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo ha sugerido en su informe de Aplicación de Convenios y Recomendaciones a los Estados sobre las limitaciones a la libertad sindical, la vía de la acción de protección no es la adecuada para que les reconozcan derechos laborales que no tienen; en consecuencia, los jueces no pueden aceptar tutelar un derecho constitucional que no ha sido vulnerado.
Si los sindicatos sostienen que la Ley de Empresas Públicas es discriminatoria, pues deben buscar a través de sus mandatarios elegidos expulsarla del ordenamiento jurídico, o presentar una acción para que la Corte Constitucional declare a la inconstitucionalidad de la norma que es incompatible con el principio de igualdad y no discriminación, y con el bloque de constitucionalidad, igualito como se hizo con el matrimonio igualitario.
