Premium

Diana Acosta: Empezó la carnicería

Avatar del Diana Acosta

Tan corruptos son los jueces que reciben coimas, como aquellos que se entregan de rodillas a intereses

La semana anterior un juez de la Corte Nacional de Justicia ordenó, por pedido de la Fiscalía, el allanamiento a dos de sus pares; al parecer entre jueces de la Nacional sí se pisan las mangueras.

Desconozco si al ‘Diablo’ la Roca no le resultaba confortable, para pasar a estar “Confourtable” en el hotel Cárcel 4; lo que sí es evidente es el malestar causado al interior de la Corte Nacional de Justicia por la rauda y precipitada actuación de la Fiscalía, que fue denunciada en un comunicado oficial por parte de su presidente.

La independencia de la Función Judicial es indispensable y un derecho fundamental, tal como lo determina el art. 168 de la Constitución, que garantiza su independencia interna y externa, y que toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. Este principio busca asegurar una justicia independiente, sin que esté sometida a intereses particulares. De igual manera, el art. 82 de la Constitución nos garantiza el derecho a la seguridad jurídica como un aval del debido proceso.

Tan corruptos son los jueces que reciben coimas, como aquellos que se entregan de rodillas a intereses y presiones particulares. Es claro que ha empezado la carnicería en la Corte Nacional de Justicia.

Estoy de acuerdo con la posición de ‘cero tolerancia’ a la corrupción de parte de la Fiscalía, pero tienen que hacerlo respetando las normas legales y procesales que nos rigen, caso contrario perderán la efectividad en sus actuaciones, que luego podrán ser tumbadas por las fragilidades legales que dejan en sus procesos.

Los abogados en libre ejercicio hemos sido testigos de la putrefacción del sistema judicial, como en el paso Purga, pero también conocemos a muchos jueces y juezas honestos y pulcros, que fallan apegados a derecho y que no se dejan amedrentar por nadie.

La independencia de poderes es fundamental en un Estado de derecho, en especial la independencia de la Función Judicial, pues su vulneración constituye un flagrante atentado a la democracia, al debido proceso y la presunción de inocencia.