Diana Acosta-Feldman | El dilema minero

Que Ecuador no sea un país atractivo para la inversión minera no es nuevo, ni tampoco lo es la inseguridad jurídica que vivimos, razón por la cual, la cacareada caída del Ecuador en los índices de inversión minera por tener alta “incertidumbre sobre la administración, interpretación y aplicación de las regulaciones existentes”, no es preciso, ni correcto.

Encontramos una barrera al intento de posesionarnos como potencia regional minera, si hacemos un mínimo análisis a la constitución y esta es la razón de fondo por la que se frenan estas inversiones.

La explotación minera a gran escala debió ser peleada jurídicamente en el 2008 en Montecristi, cuando los constituyentes le otorgaron derechos a la naturaleza por sobre el capital; ya que el Art. 408 de la Constitución dispone que los yacimientos minerales solo pueden ser explotados en cumplimiento con principios ambientales; y que, el Art. 397 dispone ante posibles daños ambientales a los ecosistemas que cualquier persona o colectividad, puede ejercer acciones legales, sin perjuicio de tener un interés directo, es decir, no importa que no sean de la zona a explotarse, para obtener una “tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares”, para “cesar la amenaza o el potencial daño ambiental”. Para colmo, la carga de la prueba sobre la “inexistencia del daño potencial o real” recae sobre el inversor minero, es decir, que tiene que probar que no va a dañar lo que aún no explota. Esto además del obligatorio contrato de Explotación Minera que establece “el derecho del concesionario minero a suspender las actividades mineras sujeto al pago de una compensación económica a favor del Estado” y que, Ecuador es su socio participando de los beneficios económicos del aprovechamiento de los minerales, en un monto superior a los de la empresa minera.

Sin seguridad jurídica y con el derecho constitucional de parar cualquier proyecto por posible daño ambiental, son pocos los que se aventuran a invertir; sin contar que, en cualquier momento, una consulta popular los expulsa del país.