Diana Acosta-Feldman | Fachada
Este caso Fachada debe ser un punto de quiebre para preguntarnos: ¿para qué carajos sirve el Consejo de la Judicatura?
Hace algún tiempo fuimos testigos de la nominación de jueces anticorrupción en un acto pomposo ante autoridades nacionales e internacionales, que nos daba a los ecuatorianos algo de esperanza en el Poder Judicial. Estos jueces, se entendía que fueron escogidos con rigor y protocolo para tener funcionarios honestos, dizque impolutos, supuestamente incorruptibles e insobornables, porque sobre ellos iban a recaer causas tremendamente delicadas relacionadas con corrupción, delincuencia organizada, lavado de activos, testaferrismo, tráfico de influencias, entre otros; pero no, al parecer fue solo una fachada.
Estos jueces ‘especiales’ fueron radicados en Quito y revestidos de la figura de intocables, para evitar posibles amenazas que dobleguen sus decisiones, pero tampoco funcionó. Pura fachada la de la Judicatura para tomarnos el pelo, para que creamos el cuento de que todos eran jueces impolutos que luchaban contra la corrupción.
Debimos haber sospechado desde un principio, pues resultaba imposible que de un Consejo de la Judicatura podrido, con buena parte de sus miembros sentenciados, se parieran funcionarios judiciales honestos e incorruptibles. No había forma de pedir peras al olmo.
Por más que a estos ‘Jueces Anticorrupción’ les dieron seguridad especial, infraestructura e instalación de equipos tecnológicos, no se logró nada; nuevamente, fue pura fachada.
El reciente Caso Fachada le pega una estocada final a la Justicia ecuatoriana, para dejarla por los suelos y herida de muerte.
¿Quién puede tener confianza en una justicia donde quienes la administran han sido destituidos por los delitos que se supone deben combatir?
Este caso Fachada debe ser un punto de quiebre para preguntarnos: ¿para qué carajos sirve el Consejo de la Judicatura? Quizás sea hora de promover su desaparición, pues ha demostrado responder a intereses particulares, sin objetividad ni justicia.
El caso Fachada obliga a iniciar de inmediato una reforma profunda del Poder Judicial, pues lo acontecido vulnera los principios fundamentales del Estado de derecho.