Diana Acosta-Feldman | ‘Ignorantia legis non excusat’

La Ley de Alivio Financiero aprobada recientemente por la Asamblea tiene una serie de beneficios para los ciudadanos, que sin duda ayudarán a mitigar los efectos de la inusual sequía y crisis eléctrica.

En buena hora por los alivios tributarios, pues la producción está afectada y por ende los ingresos. Bien por las ayudas financieras, por la reestructuración de los créditos hipotecarios con el Biess, por congelar los arriendos, por agilizar el seguro de desempleo en caso de despido, por diferir los pagos de las deudas con la banca, por la remisión del 100 % del interés y recargos generados por las obligaciones de crédito educativo. Sin duda un gran alivio para la mayoría de un pueblo trabajador.

Sin embargo, hay un tema que preocupa, y tiene que ver con el desconocimiento de ciertos funcionarios que no tienen idea de lo aprobado ni de a quiénes va dirigido, ni de qué diantres dice la ley. Como ejemplo, la mentada ley también dispone la condonación del 100 % de las deudas de los créditos educativos para personas con discapacidad, generados por las obligaciones de crédito educativo, para lo cual el órgano ejecutor tiene un término de 30 días para levantar el registro de los beneficiarios, plazo que se cumple en un par de semanas. Pero el problema radica en que los funcionarios no tienen la más mínima idea de a quiénes va aplicado ni cómo implementarlo.

La Ley Orgánica de Discapacidades dispone que son beneficiarios de la ley las personas con discapacidad y quienes tengan a su cargo y cuidado a personas con discapacidad, y a estos la ley los define como sustitutos.

‘Ignorantia legis non excusat’, por lo tanto, la ignorancia no es justificación para vulnerar beneficios previamente establecidos, pues recordemos que una errónea aplicación entre los beneficios de la ley podría ocasionar una discriminación.

Bien por esta ley y sus beneficios, ahora que sea aplicada por los órganos pertinentes sin dilación, en vista de que hay plazos corriendo que deben ser respetados para su total aprovechamiento. Ahora sí, los funcionarios responsables a estudiar y aplicar la ley.