Diana Acosta-Feldman | Juicio político sin mañas judiciales
El enjuiciamiento político es una facultad de la Asamblea Nacional para ir contra los malos funcionarios
La entidad del juicio político es una expresión del principio de responsabilidad y control político de los asambleístas, que busca sancionar el incumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades, siendo una herramienta fundamental para realizar el control del ejercicio abusivo del poder, que existe y seguirá existiendo. Por ello la importancia de la facultad fiscalizadora que tiene el Poder Legislativo.
Como ya lo afirmó la Corte Constitucional, el control político no tiene como objeto determinar la responsabilidad penal, administrativa o civil del funcionario, solo la política, y por ello ningún censurado políticamente va a la cárcel, pero sí es removido de su cargo de forma legítima y justificada.
Finalmente, la Corte Constitucional puso un freno a la mañosería de frenar juicios políticos con medidas cautelares mediante la sentencia 122-22-JC/23, que tiene efectos vinculantes, sentenciando que: “La justicia constitucional no puede ser utilizada para resolver conflictos de naturaleza política, pues estos deben ser resueltos en la arena política y no trasladados a la esfera jurisdiccional”. En consecuencia, todas estas peticiones resultan improcedentes y deben ser negadas por los jueces.
Nada de asesores ‘ad honorem’ para manejar la cosa pública; todos deben ser funcionarios, para que sean responsables de sus actos y sujetos a los controles políticos y fiscalizadores del Legislativo.
El enjuiciamiento político es una facultad de la Asamblea Nacional para ir contra los malos funcionarios que participan en actos reñidos a sus responsabilidades. Ya no podrán intentar, mediante mañosas acciones de protección o medidas cautelares, evitar la acción interpeladora del Legislativo.
En la sociedad civil estaremos organizados y vigilantes para denunciar sus pillerías, sus ‘offshore’, su incompetencia o su estilo de vida incompatible con los sueldos que les paga el sector público, así que piénsenselo mejor antes de aceptar el cargo, pues esta vez, de la destitución y el escrutinio público no se salvarán.
