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Diana Acosta-Feldman | Pipones de la democracia

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Es urgente una verdadera reforma política para detener este abuso que devalúa el sistema electoral y democrático 

El aporte estatal a partidos políticos y campañas no ha sido ajeno al debate nacional y, seguramente, su eliminación sería bien recibida para detener la entrega de recursos a muchos pipones de la democracia, que con candidatos de última hora se suben al estribo de las elecciones, a sabiendas de que ni en su casa votarán por ellos. Claro que esto nos indigna, porque el dinero no sobra en el Ecuador.

Al respecto, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado, abonando a las propuestas de prohibir el financiamiento público de los partidos y movimientos políticos, así, por ejemplo, el Dictamen 2-23-RC/23, de la jueza ponente Daniela Salazar, frente a la pregunta de si la propuesta restringe derechos o garantías constitucionales, pues eliminar el auspicio limitaría “el derecho de participación de los candidatos en igualdad de condiciones”, evitando “campañas millonarias”, y el dictamen reza que, “al no eliminar a las organizaciones políticas sino únicamente una forma en que podrían ser financiadas, la Corte considera que la propuesta no acarrea, en lo institucional y en lo material, un cambio trascendente que altere la estructura fundamental de la Constitución”, y que si bien, “la propuesta podría acentuar ciertas diferencias entre las organizaciones políticas en función de sus recursos económicos, la eliminación de las asignaciones del Estado no restringe el derecho a la igualdad y no discriminación”.

La asignación de recursos estatales a favor de los partidos políticos no la podemos ver como una medida de acción afirmativa a favor de aquellos aventureros que se lanzan a la arena política sin programas, propuestas, ideología, formación y sin idea de lo que es la democracia participativa.

Lamentablemente, la eventual reforma deberá pasar por dos debates en la Asamblea, donde muchos de sus miembros llegaron auspiciados por estos recursos, por lo que no tendrán ningún interés en que el tema prospere.

Es urgente una verdadera reforma política para detener este abuso que devalúa el sistema electoral y democrático de nuestro país.