Diana Acosta-Feldman: Y ahora, ¿quién podrá salvarnos?

En el referéndum y consulta popular de este año se aprobó que se establezcan judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, en un plazo máximo de un año, dentro del cual el Consejo de la Judicatura debe organizar a nivel nacional el proceso para seleccionar y designar a los codiciados jueces constitucionales.

Es preocupante la desnaturalización de la justicia constitucional, pareciera que vivimos en la selva, donde jueces de primera instancia abusan de las acciones constitucionales sin pudor. Mucho menos les interesa revisar, ni de casualidad o curiosidad, las sentencias de la Corte Constitucional, que constituyen jurisprudencia obligatoria; con el mayor desparpajo fallan contrariándolas.

Como ejemplo reciente de semejante barbaridad, un ‘juez constitucional’ se manda una cantinflada desechando la acción de protección interpuesta por la remoción del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, sentando un precedente nefasto, que vulnera todo principio de especialidad en la materia contemplada en la Constitución, aplicando normas incompetentes e inaplicables, violando flagrantemente el principio de seguridad jurídica y de orden jerárquico de aplicación de las normas. Por ello, cuando existe conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, los jueces, autoridades administrativas y servidores públicos tienen la obligación constitucional (art. 425) de resolverlo mediante la aplicación de la norma jerárquica superior y no de la inferior, como convenientemente aplican algunos jueces.

Con todo este manoseo constitucional se vuelve urgente que la Judicatura empiece el concurso para nombrar a verdaderos jueces especializados en materia constitucional, que conozcan la jurisprudencia obligatoria y vinculante de la alta Corte, y que no la contradigan groseramente.

Lo preocupante es que ni con el concurso de los jueces de la Nacional han podido hasta ahora, imaginémonos para cuándo tendremos el de los constitucionales.

Y ahora, ¿quien podrá salvarnos? ¿La Corte Constitucional?