Goleada a trabajadores y jubilados
Felizmente, la Alta Corte Constitucional será quien analice, sin cálculos políticos, este inconstitucional proyecto
Indigna la goleada que nos pretende meter el presidente saliente a trabajadores y jubilados a través del Decreto-Ley Orgánica de Urgencia Económica para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas.
Como de costumbre, el proyecto está plagado de inconstitucionalidades, pero por los efectos directos a los afiliados y futuros jubilados me referiré únicamente a la reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que incluye en el art. 39 como disposición transitoria que: “Los intereses generados por las contribuciones que mantuviere pendiente de liquidación el Estado por concepto del pago del aporte del 40 % de las pensiones jubilares con el IESS que a la fecha de expedición de este decreto-ley se encuentren pendientes de pago, serán redimidos en su totalidad”. Es decir, el deudor dispone unilateralmente autorregalarse, mediante la condonación de intereses de deuda, una buena parte de sus acreencias sin considerar la voluntad y decisión del deudor.
El Ejecutivo ambiciona quitarnos más de mil millones de dólares a través de la eliminación unilateral de intereses generados, sin especificar montos exactos, ni justificar la urgencia.
No existe justificación constitucional para el millonario perjuicio, pues de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los acreedores tenemos derecho a que se nos restituya capital más intereses.
El proyecto contraviene y es incompatible con el art. 148 de la Constitución, por abordar materias que no son de urgencia económica; vulnera nuestro derecho a la seguridad jurídica (art. 82); a la tutela efectiva (art. 75); a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación (art. 66 # 4) entre los deudores del IESS, pues bajo este pretexto los empleadores morosos también podrían alegar discriminación y solicitar una condonación de intereses en sus millonarias deudas.
Felizmente, la Alta Corte Constitucional será quien analice, sin cálculos políticos, este inconstitucional proyecto, que vulnera sin justificación constitucional nuestros derechos.
