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Avatar del Diana Acosta

Las autoridades electorales tienen la obligación legal de sancionar todo tipo de violencia contra la mujer

En buena hora no se consumó la franca violación al Código de la Democracia aupada por los propietarios de las organizaciones políticas que, con la venia del Consejo Nacional Electoral pretendieron irrespetar la Constitución y la ley, discriminando de manera directa a las mujeres, violentando la norma expresa sobre la paridad de género, a la cual tenemos derecho, producto de una histórica lucha por erradicar la política machista imperante en el Ecuador.

La participación política de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres, es una conquista, producto de largas batallas por alcanzar esa verdadera paridad, a través de medidas de acción afirmativa constitucionalizadas en el 2008, para eliminar la tradicional desigualdad y discriminación.

Por otro lado, resulta vergonzoso que tenga que ser una ley la que imponga la paridad de género para las elecciones de nuestro país, nos merecemos, por nuestros sobrados méritos, poblar buena parte de las papeletas electorales.

Las autoridades de turno y los caciques de los partidos políticos deben entender que los derechos no se negocian y que su hostil hegemonía machista no está por encima de nada ni nadie, como para pretender a discreción, mediante una resolución, menoscabar nuestros derechos de participación.

Es deber de las autoridades, sancionar con todo el rigor de la ley a quienes por cualquier medio cometan violencia política contra las valientes mujeres que decidan participar en la contienda electoral, y también contra quienes pretendieron restringir su participación política.

Constituye una infracción electoral muy grave la violencia política con expresiones de descrédito que pretende denigrar y menoscabar la imagen pública de las candidatas, la cual se sanciona con multa de hasta $ 31.500, destitución y/o suspensión de derechos de participación hasta cuatro años.

Las autoridades electorales tienen la obligación legal de sancionar todo tipo de violencia contra la mujer; cero tolerancias para este tipo de actos provocados por retrógrados machistas al interior de la política ecuatoriana.