Eduardo Carmigniani: El gato despensero

No habría mucho de qué extrañarse si estuviéramos tan solo frente a un nuevo -de los muchos que hay- procesos penales por lavados de activos. Pero el que se hizo público esta semana tiene una gravísima particularidad: no solo se ha involucrado a las personas a las que la Fiscalía imputa como partícipes directos de ese delito, sino también a un alto funcionario de la UAFE, quien resulta ser hermano de aquellos.

No está en discusión que nadie es responsable, digamos, objetivamente, de los actos de ningún pariente, si no ha participado claro está, pues peleas y distanciamientos hasta entre hermanos hay. Pero lo alarmante en este caso es que, según la información publicada, la imputación al hermano, el de la UAFE, no ha sido resultado del mero hecho de ser pariente. Se lo acusa en verdad de haber ocultado información que estaba en su poder por causa del ejercicio de su cargo, para beneficiarlos.

Esto merece alta atención. No solo por las posibles y graves implicaciones penales si se comprueba la tesis de la Fiscalía, sino por un tema mucho más profundo y arraigado, que se habría hecho visible en la UAFE en este caso, pero que está siendo notorio en sinfín de entidades públicas, incluyendo por supuesto al sistema judicial y a los entes de control: la corrupción de funcionarios, ya por desviarse en el camino, ya por haber llegado desde siempre como infiltrados de las mafias.

Esto no se cura con sainetes como los amañados concursos de méritos y oposición, con los que ahora se finge en el paisito seleccionar gente capacitada, cuando a ojos vistas se trata de simples simulacros en los que hasta la vergüenza se ha perdido, de lo que hay múltiples ejemplos, recientes e impresentables. Se requiere de evaluación y seguimientos permanentes e independientes, pues dejar esos análisis en manos de funcionarios de las mismas entidades solo perfecciona el círculo vicioso de corrupción, no solo para taparse entre ellos, sino también para vencer y ocupar espacios de grupos rivales. De esto también hay múltiples ejemplos recientes.

Así como lo suelen hacer para el sector privado, hay compañías -incluyendo consultoras multinacionales que integran la lista de las conocidas como ‘Big Four’- que prestan el servicio de monitoreo y evaluación de funcionarios de agencias de gobierno, con énfasis en el cumplimiento de normativa contra el soborno y la corrupción. Claro que eso tiene un costo, pero resulta ínfimo frente al beneficio de empezar a sanear en serio al sector público.