Eduardo Carmigniani: La insolencia de un juez sofista

Esta nueva danza de millones, parapetada como medida cautelar constitucional, ni siquiera intenta ocultar su desvergüenza argumental.
Un insolente juez penal de Manta, Pablo Abad Nieto, pretende obligar a la CFN (recursos del Estado) a que se abstenga, por seis meses, de coactivar a su deudora, la camaronera Prodex Cía. Ltda., para cobrarle una deuda de más de 10 millones de dólares de manera que pueda negociar un (nuevo) acuerdo que le permita “cumplir a cabalidad con las obligaciones contraídas que estén vencidas, y los respectivos intereses”. No es broma. Así consta en una providencia del 27 de octubre de 2023, dictada como medida cautelar constitucional (expediente 13284202323184).
Esta nueva danza de millones, parapetada como medida cautelar constitucional, ni siquiera intenta ocultar su desvergüenza argumental.
Empieza recordando que si bien la deuda ya fue renegociada el 28 de marzo de 2022, a 16 años plazo, y debía empezar a ser pagada este año 2023, agrega que “desde aquella fecha hasta la presente ocurrieron los eventos del COVID-19 que son hechos públicos y notorios muy conocidos a nivel mundial y que no necesitan ser probados, mismos que no permitieron reactivar la empresa porque no se pudo exportar camarón, ni menos permitir comercialización de los productos hacia el exterior, por tales motivos, se le hizo imposible cumplir con los acuerdos”. Pandemia post marzo 2022. Semejante adefesio.
Pero no solo eso. Resulta que en junio de 2023 (cuando ya se había dejado de hacer los primeros pagos acordados en marzo de 2022), la empresa presentó un pedido de mediación. Ese pedido buscaba llegar a un nuevo acuerdo que difiera sus obligaciones. Mas como es bastante simple de entender, que alguien sea llamado a mediar no lo obliga a llegar a acuerdo alguno. Hasta puede haber mediaciones obligatorias (en el sentido de que es obligatorio acudir a la sesión). Pero no puede ser obligatorio arribar a un acuerdo. El juez de marras cree lo contrario: que la CFN haya dicho en la audiencia “sin explicación alguna” que no podía llegar al susodicho arreglo constituyó “un actuar poco diligente por decir lo menos… …lo que denota [que] existió la intención de llevar a la compañía a acciones legales… …destinadas a seguir con un juicio coactivo lo que conlleva al cierre de la empresa”.
El broche de oro de la insolente ignorancia está al cierre: dijo basar su decisión en la “racionalidad jurídica” aprendida de tres distinguidos académicos a los que llamó -esto es literal- “sofistas del derecho” (omito nombres para no agravar la ofensa).
¿Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?