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Eduardo Carmigniani: Persecución a abogados

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¿Capitular evita el nerviosismo de algún cliente? A largo plazo su costo es peor que el de un acomodaticio abandono

Conmoción hay en el mercado legal estadounidense. Empezó cuando el pasado 6 de marzo el presidente Trump actuó contra la firma de abogados Perkins Coie diciendo que su “actividad deshonesta y peligrosa ha afectado a este país durante décadas”, y en específico que en 2016, mientras representaba a la entonces candidata presidencial Hillary Clinton, contrató a una empresa “que posteriormente elaboró un expediente falso diseñado para manipular las elecciones”. Por eso le suspendió la autorización para acceder a información estatal restringida (que usualmente tienen los abogados). Y dispuso también que los contratistas del gobierno revelen cualquier relación que tengan con esa firma para “impedir que dólares de los contribuyentes sean entregados a contratistas cuyas ganancias [la] subsidian”.

Igual orden llegó luego contra otros bufetes. De esos, WilmerHale y Jenner & Block -como Perkins Coie- obtuvieron suspensiones judiciales. Pero otra firma, Paul Weiss, para que el propio presidente la revoque acordó dar USD 40 millones en servicios legales gratuitos durante la administración Trump, para cuestiones de orden social (pro bono).

Lo de Paul Weiss causó revuelo. No solo por el efecto contagio (tres otras grandes firmas -Milbank, Willkie Farr y Skadden- sin haber sido “sancionadas” buscaron acuerdos preventivos, dando a cambio trabajos pro bono por USD 100 millones cada una), sino porque cohonesta la amenaza de consecuencias arbitrarias para los abogados que acepten representar intereses opuestos al gobierno. O al gobernante.

En un comunicado, noventa profesores de la Escuela de Derecho de Harvard dijeron que: “…nuestra Constitución, incluida su Primera Enmienda, fue diseñada para posibilitar la disidencia y el debate sin temor al castigo gubernamental. Ni una facultad de derecho ni una sociedad pueden funcionar adecuadamente en medio de tal temor”. Walter Olson, del Instituto Cato, fue menos diplomático. En declaración pública dijo que “Estas órdenes van más allá de simplemente vengarse de abogados que han enfrentado a Donald Trump. Su objetivo es transmitir el mensaje de que… …su propia viabilidad está amenazada pues pueden enfrentarse a una corrida de clientes”.

¿Capitular evita el nerviosismo de algún cliente? Es posible. Pero de largo plazo su costo es peor que el de un acomodaticio abandono. Quien no puede defenderse a sí mismo de abusos o venganzas grita al mercado que menos puede defender a la clientela.