Eduardo Carmigniani: ¿Plata al árbitro?

En “Chiringuitos arbitrales”, publicado aquí el 20 de octubre de 2023, dije que “El peor error en el que pudiéramos caer quienes pugnamos por incentivar el arbitraje como mecanismo válido para resolver disputas -y sobre todo en países con judicaturas en general carcomidas por la corrupción- sería mirar a otro lado cuando encontramos decisiones esperpénticas. Esa hipocresía sería inadmisible. El fortalecimiento de las instituciones requiere revelar sus faltas, y más aún cuando son graves, de bulto”.

Me refería a que, allá por 2017, un tribunal conformado en un bastante desconocido centro de arbitraje: el Cemacor, de la Corporación de Derechos Sociales Cordeso de Esmeraldas, se rebeló contra la ley declarando que la presentación de una garantía dizque era requisito para tramitar una acción de nulidad contra un laudo. La Constitucional había tirado a la basura ese adefesio, llamando la atención de los árbitros y sugiriendo al centro arbitral que adopte respecto de ellos las medidas que correspondan (sentencia 1271-18-EP-23, 20 de septiembre de 2023).

Eso lo recuerdo ahora a propósito de unas declaraciones del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, dadas a diario El Universo (9 de junio de 2024). Frente a una pregunta sobre lo que más le ha decepcionado (en su actividad privada previa como abogado), está publicado lo siguiente: “Me quedé muy decepcionado de un arbitraje que yo pensaba que no estaba contaminado, porque presumo que quien me ganó le pasó plata al árbitro”.

Lo anterior no puede quedar solapado en la amnesia colectiva. En mi largo transitar por el mundo arbitral, sí me había pasado que un árbitro -designado por la contraparte sabiendo que tenía enemistad conmigo- se aferró al puesto no obstante la recusación en su contra, hasta negando la enemistad. Pero sobre sobornos nunca había oído. Y menos que las sospechas sean expresadas, respecto de un caso en que participó como abogado, por quien luego está en ejercicio de un alto cargo.

Entonces, y dicho sin rodeos, sería nefasto que una expresión sobre sospecha de sobornos quede normalizada. Es muy posible que el arbitraje al que se refiere el viceministro haya sido administrado por algún centro de arbitraje nacional, de manera que fácilmente puede identificarse -mirando aquellos en los que ha intervenido como abogado el doctor Torres- a qué caso puede estar refiriéndose. Ese es el punto de partida para la indispensable investigación. Un no-hacer-olas sería inadmisible.