¿Arbitraje de la Supercías?
Por definición, en materia comercial el arbitraje es un mecanismo -privado- para la resolución de disputas. Que una entidad pública como la Superintendencia de Compañías pase a administrar un centro arbitral conllevaría, en sí mismo, una contradicción entonces’.
Con proyecto de ley presentado el pasado 24 de enero, la asambleísta Wilma Andrade (nacional, ID) planteó -para ponerlo en síntesis- que se autorice que la Superintendencia de Compañías pueda organizar un centro de arbitraje para que ahí se dirima los llamados conflictos intrasocietarios, esto es aquellos “entre los socios o accionistas; entre estos y la compañía, sus administradores, auditores o terceros; o entre la compañía con las personas que la administraren” (art. 1), bien entendido que ese arbitraje ante la Superintendencia no sería obligatorio, sino que procedería solo cuando “las partes [lo] hubieren acordado”, pues nada en el proyecto pretendería impedir que se acuerde un arbitraje distinto, administrado por otra institución arbitral, nacional o internacional, como hoy puede hacerse.
Lo anterior respetaría la libertad de las partes para pactar arbitrajes ante otras entidades, por lo que nada tendría que objetar a la pretensión de que la Superintendencia de Compañías quede facultada para organizar su centro. Cosa distinta es que sea recomendable acordar acudir a esa instancia, que a todas luces va a estar destinada al fracaso.
Por definición, en materia comercial el arbitraje es un mecanismo -privado- para la resolución de disputas. Que una entidad pública como la Superintendencia de Compañías pase a administrar un centro arbitral conllevaría, en sí mismo, una contradicción entonces. Pero no solo eso. Uno de los problemas severos que tenemos en el paisito es que intentamos copiar -sin éxito- instituciones que pueden funcionar en otros países, pero que no calzan en el nuestro, con cultura distinta. Confiar en que la Superintendencia de Compañías pueda tomar la tarea de calificar y nombrar árbitros independientes e imparciales (más que nada teniendo en mente la reciente experiencia de las trapacerías del destituido exsuperintendente Anchundia), es ingenuidad sin límite.
En fin. Si quieren perder tiempo creando aquel inútil centro de arbitraje, allá ellos. Nadie (o muy pocos) aceptará arbitrar ahí sus diferencias. Conjunto vacío será.
