La lección Chevron

El laudo arbitral dictado el 30 de agosto de 2018 contra el Ecuador en el caso Chevron, cuya anulación acaba de ser rechazada el pasado mes de septiembre por la corte holandesa que tenía a su cargo el caso, obliga a refrescar la memoria a propósito de temas actuales, en los que se pretende pasarnos el sombrero a todos los contribuyentes para que asumamos pérdidas generadas para el Estado por unos pocos “genios” financieros.

El laudo empezó -en lo sustancial- declarando que, en el juicio contra Chevron por los alegados daños ambientales en la Amazonía, partes sustanciales de la sentencia del 14 de febrero de 2011 fueron corruptamente escritas para el juez Nicolás Zambrano por uno o más abogados de los demandantes, a cambio de la promesa de pagarle un soborno cuando se cobre dicha sentencia (laudo, 10.4, traducción libre).

Agregó el laudo que el Ecuador, al emitir como Estado esa sentencia (que en lo material fue confirmada en todas las instancias judiciales y luego en la primitiva Corte Constitucional), incurrió en un acto injusto de denegación de justicia (laudo, 10.5, traducción libre).

Y finalmente, como consecuencia de lo anterior, declaró que cualquier daño que sufriese Chevron en el evento de que la (corrupta) sentencia del juez Zambrano llegase a ser ejecutada, total o parcialmente, en Ecuador o en cualquier lugar del planeta, deberá ser indemnizado por el Ecuador (laudo, 10.11, traducción libre).

Síntesis: cada dólar que se vea obligada a pagar Chevron, deberá serle devuelto por el Ecuador.

Hasta hoy, de lo que se conoce, nada ha podido ejecutarse, en ninguna parte del mundo, de la mañosa sentencia amazónica. Pero si llegase a suceder, impensable sería que la rueda quedase parada en el bolsillo del Estado (es decir, en el de todos los ciudadanos). Las acciones de repetición contra los responsables, empezando por el “juez” Zambrano -que en verdad debiera estar en la cárcel- y pasando por todos los otros jueces de todas las otras cortes que conocieron el caso, tendrán que activarse. Que los autores, incluso intelectuales, respondan ellos.