Los millones del juez Tito
Ahí debiera haber terminado el asunto, pues las cortes están precisamente para resolver esa clase de conflictos. Pero no hay que ser ingenuos.
El caso es el siguiente: a inicios de 2019 la compañía Dinaser demandó a la CFN el pago de unos servicios de guardianía, prestados durante 2017. La nueva administración de esa entidad (designada en el régimen Moreno) se negaba a hacerlo alegando la inexistencia de un contrato, no obstante que los servicios se habían venido prestando regularmente desde el año 2015, sin problemas de cobro. El tribunal de lo contencioso administrativo de Guayaquil le dio la razón a Dinaser y mandó a pagar en números redondos USD 700.000 más intereses, lo que quedó cumplido en junio de 2022.
Ahí debiera haber terminado el asunto, pues las cortes están precisamente para resolver esa clase de conflictos. Pero no hay que ser ingenuos. Luego de cobrada la deuda, Dinaser planteó a la CFN un reclamo por daños “extracontractuales”, que negado por la propia CFN terminó siendo llevado, vía acción de protección, a manos del juez Segundo Orlando Tito Álvarez, de la Unidad de Violencia contra la Mujer, de Guayaquil.
Un fundamento del pedido de protección constitucional fue que, en el juicio de cobro que ganó Dinaser, “…se ha forjado un juicio innecesario en deterioro anímico y patrimonial [del demandante] por largos cinco años, lo que en doctrina se denomina fraude a la ley y abuso de Derecho Positivo. Pero eso no termina ahí, pues como se ha reiterado, el ataque ha sido sistemático y continuado [ya que] jamás hubo litigio alguno o necesidad de Defensa, sino una malograda voluntad que ha dañado al particular, el ser humano y su espíritu…”.
Y el juez Tito, en sentencia notificada el 14 de abril de 2023, luego de establecer que el “…problema de fondo dentro del presente caso es si del resultado de las acciones generadas por la resolución emitida por [la CFN se] privó al accionante de ejercer su derecho a desarrollar actividades económicas”, agregó: “…considera este juzgador que sí se vieron afectados sus derechos a desarrollar actividades económicas puesto que al no pagarles y al dilatar los procesos judiciales provocó un déficit en el flujo… …generando despidos a sus empleados, gastos en honorarios profesionales, y por la falta de pago de sus planillas una posible debacle a sus finanzas”.
Corolario: ordenó que la CFN pague como reparación “integral” más de USD 20 millones por daño patrimonial supuestamente causado a Dinaser (no obstante que la utilidad que tuvo en 2016, cuando no había problemas de cobro a la CFN, no llegó a USD 89.000).
Valiente manera de administrar ‘justicia’.
