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Un proyecto para el chulco

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Tener esa información facilita, pues, la concesión de créditos. Al contar las entidades prestamistas con el historial de los aplicantes pueden tomar decisiones más rápidas y apropiadas...

Reaflora la absurda idea de pulverizar el sistema de referencias de crédito. Portavoz hoy es la asambleísta Rebeca Veloz (Santo Domingo de los Tsáchilas, UNES) quien el pasado 3 de marzo, con proyecto de ley de supuesta "justicia crediticia", ni siquiera plantea alguna ocurrencia a guisa de reforma, sino la derogatoria total.

Las referencias de crédito apuntan a "identificar adecuadamente a una persona y evaluar su riesgo crediticio, determinar sus niveles de endeudamiento, solvencia económica, así como su capacidad de endeudamiento y pago de obligaciones" (Código Monetario y Financiero, art. 357). Y según la misma norma puede ser brindado a quienes "estén legalmente autorizadas a otorgar créditos o en general a las que requieran evaluar riesgo crediticio para la realización o seguimiento de negocios o transacciones económicas".

Tener esa información facilita, pues, la concesión de créditos. Al contar las entidades prestamistas con el historial de los aplicantes pueden tomar decisiones más rápidas y apropiadas, teniendo en cuenta, además, que en el caso de los bancos son administradores de dinero mayoritariamente adeudado a los depositantes, bien entendido, en todo caso, que quienes reportan la información con que se alimenta el sistema son responsables "de la legalidad, veracidad y vigencia de la información... ...y responderán civil y penalmente por sus acciones u omisiones dolosas en el reporte" (Código Monetario y Financiero, art. 358). Dicho eso, veamos en síntesis el argumento de la proponente. Ella dice que el historial crediticio "ha sido un elemento de discriminación", pues "constar en este conlleva un impedimento para conseguir un préstamo, lo que limitará su posibilidad de mejorar su situación económica".

Semejante falacia.

Si la banca no cuenta con la información crediticia el resultado no va a ser que se ponga a entregar préstamos a la loca, sino todo lo contrario: exigirá información directa a quienes soliciten los fondos, encareciendo el proceso. Eso solo beneficiará al chulco, en perjuicio de los estratos económicos más bajos.