Fausto Ortiz | El papel aguanta todo
La ley recientemente aprobada busca que Finanzas no pueda ni oler los recursos, y que estos vayan a las cuentas de los GAD
El Presupuesto General del Estado para 2025 se deberá ir preparando en el segundo semestre de este año para presentarlo a la Asamblea Nacional con la finalidad de lograr su aprobación antes del mes de diciembre. Arrancamos con un dato que debería llamar la atención a todos y es la imposibilidad de cumplir con el incremento del medio punto del PIB para los sectores de Salud y Educación. Incumplimiento que venimos arrastrando por más de una década, a pesar de constar en la Constitución. La mayor señal de preocupación por parte de la Asamblea Nacional se dio cuando hicieron una ley que dispuso que al momento de hacer el incremento anual a ambos sectores, se considere el Presupuesto inicial. Parecía no decir mucho esta reforma, pero fue importante, ya que había la costumbre de trabajar con el Presupuesto devengado (final), que no alcanzaba a incorporar dicho incremento y aseguraba para los años siguientes un constante ‘bicicleteo’ que los mantuvo en el mismo lugar por lustros al compararlos con el tamaño de la economía.
Para este 2024 Finanzas mostró que no solo había que incrementar $ 1.200M, que es el equivalente a 1 % del PIB para ambos sectores, sino que frente a lo que estimaba sería su presupuesto 2024, el rezago llega a $ 2.835M y al no tomar cartas sobre el asunto, para el próximo año superará de forma individual a Salud o Educación, al menos en el papel.
La Asamblea ya debería ir programando las agendas de reuniones con los ministros de Salud y Educación para que le vayan contando qué están haciendo en la práctica para no acumular tal nivel de bola de nieve. Lo aprobado por la Asamblea en este tema no ha servido para que Salud y Educación reciban los recursos que por Constitución les corresponde, pero al menos está permitiendo evidenciar la dificultad del Ministerio de Finanzas para cumplir normas constitucionales.
Y en esa misma tarea titánica de aprobar leyes, de la Asamblea acaba de salir una relacionada con la asignación automática de los recursos para los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Por Constitución hay que darles 10 % o más de los Ingresos permanentes (impuestos principalmente) y 5 % o más de los Ingresos no permanentes (petróleo principalmente). Generosamente en años pasados, una ley señaló que sean 21 % y 10 % de los permanentes y no permanentes respectivamente.
Hoy la ley recientemente aprobada busca que Finanzas no pueda ni oler los recursos, y que estos vayan directamente desde el SRI a las cuentas de los GAD en el BCE.
Supongo alguien en Carondelet recomendará el veto total de dicha ley para que sea discutida un año después, pero supongamos que se duermen o que no quieren broncas locales y la ley se aprueba tal cual. Implicaría, en el caso de los ingresos permanentes, ver pasar casi $ 3.000M recibidos de impuestos anuales a las cuentas de GAD en el BCE de manera directa.
¿Qué tiene de bueno esta ley? Pondría en evidencia que de los $ 13.000M anuales que le quedarán por impuestos, luego de pasar directo lo de GAD al BCE, no alcanza para todos los otros gastos permanentes. Algo se tendrá que financiar notoriamente con deuda. Escoja usted: Nómina $ 9.800M, Bonos sociales $ 1.300M, Seguridad Social $ 3.,000M, Bienes de Consumo $ 1.800M, Intereses $ 3.600M.
