Fausto Ortiz: La plata que falta

Al finalizar este 2024 el Gobierno, según lo que presupuestó, debe gastar $ 29.340 millones (M), de los cuales $ 21.016M serán gastos corrientes y la diferencia para pagar a GAD y otros gastos de capital e inversión. Adicionalmente habrá pagado $6.755M por amortización de deudas y pasivos contraídos anteriormente. Para atender esos gastos contará con más de $ 16.500M de impuestos, menos de $2.000M de petróleo y otros ingresos hasta alcanzar los $ 25.000 millones. En resumen, poco más de $ 4.300M para atender el déficit fiscal (gastos que no alcanzan a cubrirse por ingresos) se pagarán con deuda, al igual que la amortización señalada. La deuda que no alcance a ser contratada será suplida con atrasos.

Al finalizar el año 2023 se acumularon atrasos por algo más de 5 mil millones de dólares, que fue casi la totalidad del déficit fiscal. Es decir, al gobierno anterior se le complicó tanto conseguir financiamiento, que tuvo que atrasarse con sus proveedores y hasta hoy sentimos las consecuencias de que esos recursos no entren a aliviar cadenas de pago en la economía.

De los atrasos del año pasado, el gobierno actual, hasta mayo de 2024, ha logrado disminuir $ 1.400M, pero a costa de $1.200M de atrasos del presente año. Una vieja receta. Paga lo anterior, aunque tengas que atrasarte con alguien diferente.

Según los datos reportados por el Ministerio de Finanzas al finalizar mayo de 2024, los atrasos totales han disminuido únicamente $200 millones. Cuando termine el año, podría apostar que se le hará muy difícil al gobierno actual ubicar los atrasos por debajo de lo recibido, es decir, será muy difícil recibir deuda fresca que permita atender los valores pendientes de pago de años anteriores y los del ejercicio presupuestario actual.

Dejemos claro que los atrasos se los cuantifica como la suma de las ‘facturas recibidas’ (en realidad los gastos devengados) en comparación con los gastos pagados. Los gastos que no se ejecutan no incrementan los atrasos. Señalemos dos importantes, el plan anual de inversión y una obligación constitucional.

El Gobierno desea que su inversión impacte en la economía con $ 1.800 millones y quizás no lo alcance a hacer. Lo que no haga no puede ser considerado como atraso. Será atraso si recibe una carretera pero no le paga todo al constructor. Si la carretera se hace, tendrá un impacto positivo en la economía, aunque haya sido financiada con atrasos. El doliente en ese caso será el constructor, que sabiendo las reglas del juego debe buscar financiamiento para ejecutar la obra.

La Constitución dispone que Salud y Educación deben recibir medio punto del PIB adicional cada año y desde hace mucho no se les cumple. Por cambios legales ya no hay cómo no registrarlo, hoy queda escrito y hasta la fecha van acumulados más de $2.000M que dichos sectores no reciben. Si el Gobierno no ejecuta este gasto no se considera como atraso, pero no podrá tapar el hecho de que se acumulará la obligación y de seguir aplicando la misma lógica de no destinar recursos por la excusa de falta de dinero, al finalizar el siguiente período presidencial superará el actual tamaño de los atrasos, e incluso el déficit fiscal, aunque quieran ocultarlo bajo la alfombra de la subejecución presupuestaria.