Fernando Insua: Corrupción productiva

Históricamente, ante el aumento de precio de los combustibles o de algún impuesto en el Ecuador , como por ejemplo el reciente incremento del IVA, los gobiernos han tenido que vigilar, con mayor o menor éxito, que algunos productores, importadores y empresas no eleven de forma desproporcionada los precios de venta al público, principalmente de productos de primera necesidad.

Estas alzas no necesariamente se ven reflejadas en mantener la calidad. Desde hace algunos meses, Arcsa ha hecho algo que, al parecer, durante mucho tiempo no hizo como debería: vigilar la calidad de lo que consumimos con la contundencia que se espera de un ente fitosanitario, como lo es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. 

Este organismo ha detectado un número alarmante de irregularidades en productos de consumo humano, lo que nos demuestra que existe una gran diferencia entre las empresas ecuatorianas que manejan con responsabilidad sus líneas de producción e importación y otras que, al parecer, solo están para lucrarse de productos deficientes, tanto nacionales como importados. 

Durante años, estas últimas han burlado de manera sospechosa los controles que deberían existir para evitar que salgan a la venta. Arcsa ha detectado desde contaminación por plomo, un metal altamente tóxico con efectos devastadores para la vida, hasta bacterias en productos lácteos que ponen en duda los tan publicitados procesos de pasteurización. 

En los últimos meses, Arcsa ha tenido que retirar del mercado dos millones de productos de los estantes y ha detenido, junto con la Policía, la importación de 8.000 marcas que no contaban con registro sanitario en el país, llegando incluso a proceder con el cierre de fábricas. 

Ante los constantes operativos de Arcsa, es necesario solicitar que no se baje la guardia ante estos venenos solapados por la corrupción productiva, y que también se extienda el control a medicinas y a multivitamínicos para verificar si cumplen o no con los requerimientos de ley, evitando así una estafa social que no solo afecta el bolsillo de los ecuatorianos, sino que pone en riesgo la salud y en el peor de los casos incluso la vida de los consumidores de nuestro país.