Salud, deuda y gestión

En una de esas tardes de biblioteca en el querido Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, cuando todavía estudiaba Medicina y comenzaba a interesarme en lo médico-social, me encontré con una edición del Código de Salud vigente en ese entonces. Daba inicio con un aforismo que nunca olvidé y que intento cultivar como eje de mi visión de lo que es la política: La salud del pueblo es la suprema ley.

Actualmente, con un virus que genera enfermedad y muerte, me pregunto si el país está preparado, ahora que la curva nuevamente ascendente de los infectados por el coronavirus está alcanzando muy altas cifras, para brindar la atención que es obligación del Estado garantizar a los ciudadanos que habitan en él.

La respuesta evidente es no. Ecuador no está preparado para tal contingencia y como no es tal contingencia sino certeza plena, a la luz de lo que está sucediendo en todo el mundo, la lógica consecuente con la buena gestión pública es prepararse adecuadamente para enfrentar la situación.

¿Disponemos realmente de los recursos económicos necesarios para adquirir el equipamiento requerido? Otra vez la respuesta es no. La pandemia nos agobia en medio de una gran crisis económica.

Es imperativo que se continúe renegociando el servicio de la deuda, manteniendo la ruta ya iniciada de ampliar plazos y obtener mejores tasas de interés, e ir reemplazando los créditos caros por unos más manejables y con propuestas que permitan reactivar el aparato productivo con inyección de capitales a los diversos sectores de la economía, y sobre todo de la salud. Mientras más pronto se proceda en ese sentido, mayor será la posibilidad de obtener los objetivos planteados, más aún con un gobierno que pronto cesará en sus funciones y que debe dejar en orden las cuentas para su sucesor.

El país tampoco puede darse el lujo de que su sistema de salud colapse, sin control sobre una patología que podría someterse con medidas adecuadas.

Hace falta disciplina y acción.