Francisco Rosales Ramos | Costo tributario
La deuda pública, que hace 15 años era inferior al 20 % del PIB, ahora bordea el 70 %
Así denomina el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los valores que el fisco deja de percibir por exenciones, exoneraciones o disminuciones de impuestos que las leyes conceden a los contribuyentes. El gobierno se comprometió a disminuirlos en los programas acordados con el Fondo.
El enorme e insostenible gasto fiscal es un serio obstáculo para el crecimiento de la economía y el empleo. Los déficits persistentes se deben cubrir con préstamos y los impuestos se incrementan cada año, sin que el barril sin fondo del Estado tenga arreglo.
La deuda pública, que hace 15 años era inferior al 20 % del PIB, ahora bordea el 70 %. Si no se actúa sobre la raíz del problema, el país seguirá sin corregir el gigantismo estatal y los déficits públicos consecuentes.
Pues bien, la limitación al gasto tributario, cuyo concepto se explicó en el primer párrafo, impide que se lleven a cabo múltiples proyectos de inversión en diferentes áreas que se presentaron hace muchos meses a los últimos gobiernos para su aprobación y consecuente contrato de inversión, porque en sus corridas financieras se incluyeron exenciones o rebajas de impuesto a la renta en aplicación de las normas legales respectivas. Los trámites están detenidos porque no pueden exceder el exiguo límite comprometido con el FMI.
Una vez más el desorden fiscal que obliga a recurrir a préstamos de emergencia del Fondo, frena el desarrollo.
Para superar este entrampamiento habría que pedir a los inversores que recalculen la viabilidad financiera de sus proyectos sin rebajas de impuestos y las presenten nuevamente para aprobarlas y suscribir los contratos de inversión. Implica inaplicar normas legales que prevén exenciones y rebajas, pero más dañino es el inmovilismo administrativo.
En buena parte de los proyectos, lo que interesa fundamentalmente a los inversores es el contrato de inversión que protege frente a eventuales desafueros gubernamentales y la estabilidad tributaria para evitar los vaivenes de las leyes de impuestos.
