Francisco Rosales Ramos: Pobre país
Toda la tramoya es para evitar que la señora Abad se encargue de la presidencia de la República por 45 días
Pocas veces se encuentra un caso tan desastrosamente manejado por las partes involucradas. El ‘affaire’ de la vicepresidenta Abad se presentará en el futuro como ejemplo de lo que no se debe hacer y de cómo no se deben comportar los involucrados.
Abad fue libremente seleccionada por Noboa para integrar la papeleta electoral y por tanto la responsabilidad inmediata y principal corresponde al seleccionador. Inventar un sumario administrativo, groseramente inconstitucional, para sancionar a la vicepresidenta como si fuese un funcionario de tercer nivel a quien se le suspende 150 días sin sueldo por atrasarse tres días en concurrir a determinada ciudad para el desempeño de sus funciones, es torpe y repudiable.
Toda la tramoya es para evitar que la señora Abad se encargue de la presidencia de la República por 45 días mientras su jefe, el presidente Noboa, participe en la campaña para las elecciones del 9 de febrero y eventualmente en la correspondiente a la segunda vuelta. Los aprendices de Fouché de esta estrategia jurídica y sus ejecutores han dinamitado su prestigio como abogados, si tuvieron alguno.
Sin embargo, luego de escuchar las recientes declaraciones de Abad, se justifican los esfuerzos para impedir que desempeñe la jefatura de Estado, así fuese por escaso mes y medio. Anunciar que rebajará el IVA a 13 %, que restaurará el subsidio a los combustibles, que apenas se empieza a desmontar; que sustituirá a varios ministros, entre ellos a las ministras del Trabajo y Relaciones Exteriores; que decretará indultos, entre otras memeces, demuestra una ignorancia supina del estado del país y de cómo debe proceder quien se encarga de altas funciones por pocos días.
“Razón de Estado” llamaría un exégeta de la ciencia política para justificar la torcida vía creada por el Gobierno para desembarazarse de Abad. Y aunque como abogado me repugna profundamente que se tuerza el orden legal, no queda más que aceptar el mal menor de lastimar la Constitución y las leyes para preservar el orden social.
