Francisco Rosales Ramos | Proselitismo político con dinero público
Además de que el programa distorsionó groseramente la verdad, los órganos de control no pueden permanecer impasibles
Los ciudadanos tienen derecho a promover sus creencias e inclinaciones políticas y, al efecto, aportar los recursos correspondientes, pero es inmoral e ilegal utilizar dinero público para ese propósito. Por eso es condenable y habrá que establecer responsabilidades que el Consejo Provincial de Pichincha haya convertido a su radio oficial en propagandista de la Revolución Ciudadana y los gobiernos del socialismo del siglo XXI.
En busca de un programa radial que no sea fútbol o música cansina sintonicé, por casualidad, un programa político en radio Pichincha. Por el acento de los participantes podrían ser argentinos o chilenos, lo cual no tiene relevancia, sino la promoción de obscuros personajes como Correa, Maduro y Morales, entre otros.
Sobre Ecuador, después de afirmar que según encuestas confiables González ocupa el primer lugar seguido a distancia por el presidente Noboa, calificaron al jefe de Estado de “tener poca vergüenza” por responsabilizar de la crisis eléctrica al gobierno que terminó su mandato hace más de 7 años; le calificaron de incapaz o inepto para conducir el gobierno, pues son 6 meses que Ecuador tiene cortes diarios de energía eléctrica de 12 o 14 horas de duración; se ha incrementado el número de muertes violentas, asaltos y extorsiones; la economía está estancada; el empleo ha caído y se irrespetan los derechos humanos, pues Ecuador ha vivido en continuo estado de excepción. Y se sorprendieron de que, pese a ello, Noboa mantenga alto nivel de adhesión.
Afirmaron también -palabras más, palabras menos - que Lasso tuvo que recurrir a elecciones anticipadas del presidente de la república y de asambleístas porque la corrupción en su gobierno hizo imposible que concluya su mandato.
Además de que el programa distorsionó groseramente la verdad, los órganos de control no pueden permanecer impasibles ante el ilegal e inmoral uso de recursos públicos en la promoción de intereses políticos partidistas.