¡Cultura económica!

¿Cómo se explica que la economía ecuatoriana haya tenido una tasa más alta de crecimiento entre 2000 y 2006 que entre 2007 y 2014 cuando el precio del petróleo fue la mitad? ¿Es el gasto público intrínsecamente malo? ¿Y qué hace que el gasto tenga efectos positivos o, al contrario, que sea la causa de la ruina de una economía? Las respuestas a estas interrogantes tienen que ver con la eficiencia de la gestión pública y con la libertad económica como determinantes próximos de la productividad, la competitividad, la eficiencia, la sustentabilidad y la inclusión. El vector del ciclo económico tiene su origen en el ahorro, cuya contraparte es la inversión; es la inversión la que crea la demanda de mano de obra que a su vez genera los ingresos para los hogares que, cerrando el circuito, propician el crecimiento del consumo. Los ciclos económicos tienen fases de aceleración y desaceleración las mismas que están asociadas con la tasa de expansión del crédito, la calidad de las inversiones y las consecuencias de los eventos exógenos y endógenos que, en su momento, ponen punto inicial o final a la expansión.

La inversión privada tiene claras ventajas en la promoción del crecimiento, fuere por su origen (ahorro, que genera valor agregado versus impuestos que no lo hacen); por la evaluación del riesgo financiero y crediticio (necesaria y exhaustiva en la inversión privada); por la versatilidad y amplitud en su cobertura (en todos los sectores); por la creación de empleos (mayor en la industria, agricultura o servicios que en la infraestructura); y, finalmente, por la menor relación capital/trabajo, que facilita la distribución de los recursos disponibles.

La inversión en la década perdida fue marcada por el desperdicio, la planificación fallida, los sobreprecios exorbitantes, la corrupción rampante y la pobre gestión de ejecución. Tuvo baja resonancia económica y rentabilidad social. Se convirtió al presupuesto del Estado (PGE) en un rol de pagos, de expendio de intereses, amortización de capital y de compra de bienes y servicios, todos rubros cuya suma supera los $2,500 millones mensuales. Los recursos están copados y el ajuste fiscal se produce por el lado de las inversiones, cuya cuantía ha bajado a una cuarta parte de los niveles previos.

El sector público representa el 40% de la economía y, lerdo como es, no impulsa el crecimiento económico, pues, por añadidura, la carga tributaria pesa sobre el 5% de los contribuyentes personales o corporativos que sostienen al fisco. El gobierno ha quedado a merced de una tormenta perfecta de efectos recesivos que incluyen la pandemia del COVID-19, las variaciones aleatorias del precio del petróleo y la brecha financiera que alcanza el 12% del PIB.

Ecuador no genera ahorro suficiente. La inversión no halla condiciones de seguridad que compensen los riesgos. El ajuste golpea la generación de empleos y los ingresos de los hogares. El régimen laboral frena el empleo. La política comercial del país es elemental y retrasada. Ecuador no es un sujeto de crédito confiable y el mercado no abrirá sus puertas de la noche a la mañana. Es la imagen en alta resolución del círculo vicioso que el gobierno trata de romper.