Gaitán Villavicencio | Corrupción y narcodelincuencia en Durán

Históricamente, la parroquia rural de Durán fue creada en 1902 para ser estación del ferrocarril Guayaquil-Quito; el asentamiento creció paulatinamente por los ferrocarrileros y la localización de los primeros ingenios azucareros. Con la lenta construcción de la red vial se vinculó por medio de autobuses que atravesaban la ría en gabarras desde La Atarazana, y desde 1970 por el puente de la Unidad Nacional, que impulsó su persistente crecimiento poblacional, como conurbación y ciudad-dormitorio de Guayaquil, y por la lotización de la hacienda El Recreo, perteneciente a la familia Gilbert, que permitió el acceso al suelo urbano de manera ordenada y con facilidades económicas, no comparables con las ‘ocupaciones’ guayaquileñas. Su cantonización fue en 1986 en el gobierno de Febres-Cordero.

Durán registra una población de 303.910 habitantes, según el censo de 2022, que la hace la octava ciudad más poblada de la red urbana nacional; pero la ineficiencia de las autoridades municipales de las últimas dos décadas y la desatención del gobierno central han hecho que esta urbe se detenga, casi involucione, en relación a la dotación de servicios básicos, como agua potable y alcantarillado, y equipamientos de consumo colectivo, educación, salud o áreas recreativas (aun así ha logrado atraer una destacada inversión en áreas industriales por su estratégica situación). Se agregan a ello la corrupción e impunidad de los administradores locales, que han provocado la imagen de una urbe abandonada y sin control, y la existencia de violencia narcocriminal, que genera elevados niveles de inseguridad y miedo en la convivencia cotidiana, coadyuvando a la debilidad del tejido social. En este año, hasta el 28 de septiembre se registran 222 asesinatos, una escalada de violencia delincuencial 60 % mayor que la del año pasado. En Durán ahora cada 24 horas se registran seis asesinatos. La ingobernabilidad local provocó que actores narcodelincuentes asuman la gestión en referencia al negocio de las invasiones del suelo, el desprestigio de los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal, o robar y amedrentar a los operadores de las válvulas de la Emapad, entre otras. (Continuaremos)