Desinstitucionalización e irrespeto a lo legal

En lo andado en este siglo, Ecuador ha sufrido un permanente proceso de desinstitucionalización del Estado, que afectó a todas sus funciones y a la calidad de la democracia. Se expresa por las luchas de poder y defensa de intereses particulares enfrentados del sistema político, las élites hegemónicas, gobiernos de turno y organizaciones dominantes de la sociedad. También se manifiesta en las 20 constituciones republicanas, lo que hace que casi cada década cambiemos de constitución; pero durante estas se produjo un irrespeto, total y manifiesto, con las instituciones estatales existentes, el ordenamiento jurídico constitucional y legal, el predominio de la corrupción e impunidad, que se resuelven a través de constituyentes o de consultas populares, para como en el mito griego de Sísifo, volver siempre a empezar.

La coyuntura actual no es tampoco la excepción. Con el gobierno del banquero Lasso, que prometió tanto y no cumple casi nada, que planteó en la campaña electoral que en su administración se iba a respetar a las otras funciones del Estado, se presentan recurrentes situaciones de desinstitucionalización del Estado, como cuando se prueba la participación de la ministra de Gobierno y un asesor “libertario” en la destitución efectiva de la presidenta del quinto poder. Desestabilizar al Estado es aceptar la renuncia del gerente de la CFN, que denunció la afectación por más de $ 700 millones con créditos incobrables, que además un corrupto juez constitucional obligó a que se acepten bienes invendibles en dación en pago; la mayoría de estos créditos se otorgaron en la administración de Moreno, ahora “laborando” en Paraguay; o aguantar a una ineficiente, conflictiva y corrupta ex comandante general de la PP. NN., a la cual solo ‘demisiona’ cuando el embajador yanqui denuncia la existencia de ‘narco-generales’. Finalmente, desinstitucionalizar el Estado también es incumplir por parte de sus organismos con las resoluciones de autoridades competentes, como sucede con el IESS con el cálculo de pensiones de los jubilados, el pago a proveedores, la universidad estatal con sus profesores y trabajadores, entre otros múltiples casos.