Gaitán Villavicencio: Reflexiones sobre política criminal y Estado

La ausencia de coordinación entre las Funciones del Estado resalta un accionar habitual en nuestro país, tanto política como institucionalmente, lo cual provoca vacíos y conflictos en el ejercicio del poder estatal y en la eficacia y eficiencia de la administración pública. El caso más notorio es la descoordinación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, como sucedió cuando el primero aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral, que incluye la rectoría de la Política Criminal (PC), mientras el Ejecutivo decidió que esas competencias sean asumidas por el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, según analistas uno de los más débiles del gabinete presidencial, al que incluso se le redujo el presupuesto un 23%. ¿Cómo es posible que la primera demanda de la población nacional, la seguridad, sea tratada tan irresponsablemente por estos organismos? Creemos que la respuesta a esta situación está en la incomprensión por parte de los gestionadores políticos de lo que es la PC y que desconocen que esta no pertenece a un gobierno específico sino al Estado; así, las diversas experiencias históricas no han logrado impulsarla plenamente debido a intereses privados grupales o partidistas.

Desde una perspectiva integradora, la PC es una política pública o de Estado, que se debe impulsar coordinadamente desde los diferentes organismos relacionados con la temática de seguridad pública y ciudadana, y la Justicia Penal; hace parte también de una agenda de gobierno concreta, como de los planes de gestión de los organismos de los sectores Administración de Justicia, organismos de control social, Asamblea Nacional, SNAI, entre otras instancias del Estado. La PC es un pilar importante en la reconstrucción o viabilización de una adecuada administración de la Justicia Penal, como plantea Ferrajoli en un Estado social, democrático y de derecho, que, a su vez requiere de una PC explícita, seria, concertada y operativa, de manera nacional y descentralizada.

La PC exige la vigencia de un estado de bienestar y la ausencia de violencia e inseguridad para que sobresalgan los valores democráticos.