Administración municipal contra inseguridad

En la actual coyuntura, para la población urbana y rural el principal problema que los agobia y limita es la inseguridad, debido a los alarmantes indicadores registrados de narcotráfico, asesinatos, sicariatos, feminicidios, extorsión, explosiones, robos a domicilios y empresas, atracos a peatones, entre otras violencias. La exalcaldesa de manera torpe sostenía -síndrome de Eróstrato- que es una competencia exclusiva del Gobierno central, haciendo gala de una interpretación elemental y sesgada de la Constitución por su necesidad de protagonismo político, olvidándose de la hermenéutica jurídica tan necesaria para una autoridad edilicia. Por ello el nuevo alcalde deberá impulsar contra la inseguridad, corrupción e impunidad: 1.- Basar las resoluciones del Concejo en la articulación de la planificación urbana y criterios técnicos de criminología y ciencia penal con la informática; en la sectorización urbana aprobada identificar la comisión diaria de delitos que se producen en la urbe, pero teniendo en cuenta los cambios y dinamismo del accionar delincuencial. 2.- Llegar a un acuerdo de cooperación y compromisos interinstitucionales con todos los municipios donde hay conurbaciones, que conforman el Gran Guayaquil, para la lucha contra el crimen organizado y delincuencia común. 3.- Lograr un acuerdo, básico pero actualizable, de cooperación interinstitucional con la Fuerza Pública (PP. NN. y FF. AA), para repartirse tareas y definir mecanismos de seguimiento, evaluación y cumplimiento de lo acordado en la lucha contra la criminalidad. 4.- Definir un plan de trabajo y de gestión con el SNAI sobre el complejo penitenciario de Guayaquil (Penitenciaría del Litoral, La Roca, cárcel de mujeres, entre otros) para coadyuvar a su mejoramiento, humanización y a la reinserción social de los reclusos. 5.- (Re)institucionalizar y ampliar el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana. 6.- Conjuntamente con la Fuerza Pública, Corte Provincial de Justicia y Consejo de la Judicatura, Colegio de Abogados, veedurías y contralorías sociales impulsar mecanismos de seguimiento, evaluación y desempeño de fiscales, jueces y abogados litigantes para erradicar la corrupción e impunidad.