Austeridad, criminalidad y convivencia

Actualmente, hay problemas que provocan miedo colectivo e incertidumbre en la población: el primero, hace referencia al crecimiento aluvional de hechos criminales y sus manifestaciones permanentes en casi todo el país. Estos hacen que la inseguridad se localice entre las primeras prioridades en los sondeos de opinión, lo que permite dimensionar su impacto social, ya que sus sangrientas manifestaciones se duplican de un año a otro. Por ejemplo, los homicidios agravados se incrementaron en un 80 % en este primer trimestre.

Y segundo, en nuestro caso esta violencia criminal se potencia y acrecienta aceleradamente a partir del 2019 por entrecruzamientos de factores endógenos y exógenos consecuencia de las múltiples crisis que nos han afectado, y que aún se manifiestan en el país, particularmente la de la COVID-19, cuyas secuelas de inequidad e involución recién comenzamos a dimensionar. Así como el papel destacado asumido por Ecuador en la narcoeconomía global como consecuencia de la post-paz colombiana, las transformaciones tecnológicas en la producción de la coca y cocaína, la presencia de cárteles globales enfrentados en nuestro territorio y sus alianzas con bandas locales y, ahora, por la “paz total” del presidente Petro.

Este cambiante escenario no ha sido comprendido por los dos últimos gobiernos por sus marcados sesgos conservadores y ultra neoliberales. Los cuales, además, han preferido satisfacer primero al FMI, a los bonistas y a sus coidearios y aliados antes que a los sectores vulnerados. Así tenemos que el banquero presidente por sus anteojeras ideológicas y programáticas impone medidas de austeridad para satisfacer las demandas sociales, pero desde 2021 no ha podido modernizar íntegramente armamentos, vehículos y tecnologías de la fuerza pública; no ha recuperado el control de las cárceles ni impulsado el cambio tecnológico en las mismas, etc.

Este Gobierno fallido nunca atacará frontalmente los problemas estructurales y coyunturales del país, por ello solo se bronquea con los otros poderes y actores políticos y sociales, pero sin enfrentar realmente a la criminalidad organizada ni la delincuencia común; afectando la calidad de la convivencia ciudadana y la paz social.