Cárceles, bandas y violencia criminal

Los mortíferos hechos que se produjeron en la madrugada y durante el martes 1 de noviembre en Esmeraldas y Guayaquil-Durán, como consecuencia de los traslados de detenidos desde las cárceles de estas ciudades a otros destinos por decisión del SNAI, logró el día más sanguinario de 2022 y agudizó la desconfianza en el Estado. ¿Son los traslados los motivos del asesinato de 5 policías y de la campaña con explosivos en estas urbes? Tenemos más dudas que certezas al respecto, por lo que anotamos estas reflexiones: 1.- Las actitudes cicateras y de secretismo del banquero presidente del Opus Dei y su equipo han llevado a situaciones de incumplimiento de lo prometido, por ejemplo: la inversión de $ 1.200 millones para luchar contra la inseguridad no se realiza aún, continúa la precariedad policial en cuanto a armamento, kits de seguridad, uniformes, municiones, etc. Las reacciones gubernamentales son tardías, no programadas, lo que las hace momentáneas y con bajos resultados. No hay difusión colectiva de las líneas generales y planes de la política pública de seguridad ciudadana. 2.- Sí afectan la captura policial creciente de los alijos de drogas para exportación, en Guayaquil y a lo largo del perfil costero, a los exponenciales ingresos de los cárteles y sus bandas, y los cambios legales que el Gobierno busca con la consulta plebiscitaria, como la extradición, entre otros. 3.- Actualmente, los cárteles y sus bandas buscan provocar una situación combinada de colombianización y mexicanización para crear mayor inseguridad y miedo colectivo, y llegar a una ‘pax mafiosa’ con el Estado. 4.- Este debe invertir más en seguridad y estrechar cooperación con Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia, países con gobiernos diversos, grandes productores de cocaína y de nuestra inseguridad. Introducir constitucionalmente la figura del estado de emergencia. 5.- Retomar la tutela estatal sobre todas las cárceles e impulsar una gestión más técnica. Profesionalizar a la Policía, fortalecer a las Policías Científica y de Inteligencia para la lucha contra el crimen transnacional organizado; y robustecer a la Policía Civil para la lucha contra la delincuencia común.