Constitución, rehabilitación e ineficiencia
La inoperancia del régimen hace que cada vez pierda más credibilidad
La Constitución, art. 201, inciso 2, señala que “El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir con sus responsabilidades al recuperar la libertad”. ¿En estos 14 años alguna vez el Estado ha acatado esta orden constitucional? La respuesta es no. A la fecha, desde 2021, se han producido ocho masacres sangrientas en las penitenciarías del país que arrojan alrededor de 400 muertos, no sumamos ni los suicidios colectivos ni los encorbatados. Desde 1860 que García Moreno inició la construcción del panóptico, al Estado ecuatoriano nunca le importó la situación de los detenidos peor su reinserción social; siempre buscó recluirlos, aislarlos.
Llama profundamente la atención que desde mayo de 2021 que se inició el gobierno del banquero presidente del Opus Dei no haya hecho nada para impedir las masacres y recuperar el control total de estos presidios, en especial en la megapenitenciaría del Litoral. La inoperancia del régimen hace que cada vez pierda más credibilidad; según Perfiles de Opinión actualmente solo registra 17,84 % en la calificación de su gestión. Ser banquero exitoso no garantiza ser un buen administrador público ni un estadista.
Banquero presidente, es necesario que se rodee de especialistas, no sea sectario, no seleccione solo del Opus o libertarios; debe desembarazarse de ese improvisado y elemental secretario de seguridad que no le sirve; no emplee ni expolicías ni exmilitares casos de Zapata y Cobos (no han aportado un ápice); cambie a toda esa cómplice cúpula policial y revise las hojas de vida de toda la alta oficialidad -usted mismo dijo de alrededor de 300-, y reestructure íntegramente la Policía, profesionalizándola y especializándola. Reorganice el SNAI; debería estar a nivel ministerial conjuntamente con el Ministerio del Interior. Comience a ampliar y mejorar algunos penales medianos, de manera prioritaria, para dar albergue a la nueva delincuencia pospandémica; instale los inhibidores de señales y los ‘scanners’ para impedir el acceso de armas, celulares, municiones, drogas y alcohol.
