Coyuntura, delincuencia y política pública

Después de destacar la existencia y crecimiento de la economía subterránea y el perfil de la delincuencia, que hacen a la hidra delictiva, toca cómo desde una política pública se impulsan mecanismos, normas y procesos para atender las demandas ciudadanas en seguridad y convivencia pacífica. Desde la conformación de la República, durante el siglo XX y en el actual siglo XXI, Ecuador no ha contado con una Política Criminal (PC) explícita, aunque ha habido algunos intentos fallidos. Incluso se han producido confusiones de algunos ex altos funcionarios del Estado que han pensado que la PC era propiedad de algún ministerio o componente del poder Judicial. En el último medio siglo, los cambios institucionales y normativos que se han generado obedecen más a coyunturas políticas para dar respuesta a demandas de élites asustadas (incremento de penas, permitir el porte de armas, etc.) por el impacto que ciertos delitos producen colectivamente y que son, en su mayoría, redimensionados por los medios de comunicación, particularmente por comentarios de los entrevistadores y presentadores de noticias, provocando que las estrategias de lucha contra el crimen organizado o delincuencia callejera no se basen en investigaciones científicas-técnicas sino en criterios, por ejemplo, que se dan en "la caja boba", como llama al TV el criminólogo argentino Zaffaroni. Desde una perspectiva integradora, la PC es una política pública o de Estado, que se debe impulsar coordinadamente desde los diferentes organismos relacionados con la temática y que hace parte de una Agenda de Gobierno concreta, desde el Plan de Desarrollo como de Planes de Gestión de los organismos de Justicia. Su construcción adquiere matiz de público cuando el Estado asume el compromiso y se asocia con otros actores públicos, privados y comunitarios. La PC no puede ser reducida solo a la confrontación de los hechos delictivos del crimen organizado o delincuencia callejera, a su represión y castigo, como sucede ahora, sino también a políticas de prevención, disuasión y comunicación a impulsarse por un Estado democrático para crear más sociedad, sin inseguridad ni miedo