Criminalidad, delitos y estados de excepción
Es el resultado del entrecruzamiento de una serie de factores de orígenes sistémicos que han afectado a esta etapa del capitalismo.
En esta coyuntura, la población se encuentra sorprendida porque con la declaratoria oficial de estado de excepción, una vez más, han continuado los asesinatos al estilo sicariato, las extorsiones-vacunas o el uso de materiales explosivos para amedrentar o matar, robos y asaltos, etc. Ello aumenta la incertidumbre y el miedo colectivo, que impiden la cooperación de afectados y vecinos, o de familiares de las víctimas; nadie quiere dar información o colaborar en el esclarecimiento de los delitos. Parecería que los actores sociales e institucionales asumen posiciones que impiden la lucha contra la criminalidad y la delincuencia, como la alcaldesa de Guayaquil, que no previene ni disuade la comisión de delitos y, por ende, conllevan al fracaso de las estrategias de seguridad estatal, como al accionar de la fuerza pública. La violencia social y criminal no es un problema solo de Ecuador, es global. Es el resultado del entrecruzamiento de una serie de factores de orígenes sistémicos que han afectado a esta etapa del capitalismo, entre los que anotamos: la crisis financiera global de 2008, la recesión mundial de 2014, recurrente caída de precios de los ‘commodities’, la globalización neoliberal y sus perversiones, la epidemia de COVID-19, la especulación financiera y paraísos fiscales, los desequilibrios de la Nueva Economía; y, finalmente, la invasión rusa a Ucrania. Esta compleja y complicada realidad ha provocado un crecimiento exponencial de las desigualdades no solo en los países del capitalismo atrasado sino también en los avanzados, con sus secuelas de empobrecimiento, inequidades, desaparición del Estado de bienestar, el nacional-populismo y ultraderecha, entre otros problemas. Como Estado-Nación debemos tener en cuenta las siguientes consecuencias: 1.- Esta violencia y criminalidad son fenómenos de larga duración; 2.- El narcotráfico solo podrá ser enfrentado y reducido a niveles mundiales y regionales; 3.- La lucha contra estas plagas sociales deben estar dentro de las prioridades del Estado; 4.- Revisión a fondo del modelo económico del Estado y la prelación de las políticas sociales; 5.- Fortalecimiento de la sociedad civil y su empoderamiento de la vida pública.
