Desconfianza y miedo colectivo
La inseguridad y violencia siempre han existido en la historia ecuatoriana, salvo en breves y recurrentes períodos que alarmaron al país pero que pudieron ser controlados por los aparatos represivos del Estado. Actualmente, en una compleja, heterogénea y desigualitaria sociedad estos problemas estructurales se han complicado y acrecentado, particularmente en el último lustro, por diversos factores externos e internos. Si bien no registramos indicadores alarmantes de nivel mundial, sí anotamos una alta tasa de homicidios per cápita que asusta turísticamente. Estos factores están impactando en un 5 % del PIB nacional, afectando directamente al crecimiento económico, y también a los imaginarios sociales -en proporción geométrica-, incrementando la desconfianza institucional y miedo colectivo. Criminológicamente, se expresan en crimen organizado y delincuencia callejera. Este último él lleva a niveles exponenciales los miedos sociales cotidianos, impulsados por el primero. Lo que caracteriza a esta sangrienta y complicada coyuntura es el crecimiento y funcionamiento de una economía subterránea articulada por el narcotráfico, que se maneja y controla a través de cárteles globales que actúan como transnacionales delictuales para minimizar costos y proteger su cadena de valor para exportar drogas a países desarrollados, aliándose y/o fomentando la conformación de bandas locales, que en la mayoría de casos gestionan otras actividades ilegales. Esta hidra delictual tiene múltiples cabezas: tráfico de armas y municiones, coyoterismo, comercio de precursores químicos y combustibles, trata de personas para actividades sexuales, robo de vehículos y autopartes, secuestro, extorsión, manejo interno de cárceles, microtráfico, sicariato, piratería marítima, contrabando, entre otros negocios ilegales altamente lucrativos. En este escenario nacional se deben diseñar diversas estrategias para combatir a la hidra delictual, a sus organizaciones y actores protagónicos, recordando que esta lucha no es solo estatal-policial, sino que exige la participación activa de la sociedad y empresariado, y debe asumirse de manera integral.
