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Por Guayaquil

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Deben hacer gala de creatividad aprovechando los “resquicios legales”, como proponía el jurista Eduardo Novoa Monreal, y no argumentar que esas tareas no son de su competencia.

Parecería que a Guayaquil y al país, desde fines de 2019 le han caído todas las plagas bíblicas, desde la covid hasta una violencia delincuencial que destruye la convivencia citadina, pasando por una profunda crisis en la gestión urbana después de tres décadas de una polémica administración monocolor. Pero lo más irritante es que la actual gestionadora municipal, con publicidad aluvional y engañadora quiera convencer a la población de que hay “más Guayaquil, o la Nueva Ciudad, o que ya vivimos el bienestar”, apuntando a que la colectividad sobreviva desde un imaginario social alienante, que como búmeran se expresa en miedo, incertidumbre, individualismo e insolidaridad.

La conmemoración de 202 años de independencia, a más de enorgullecer nuestras raíces locales-nacionales, debe permitirnos reflexionar sobre las cuatro prioridades ciudadanas actuales identificadas por las consultoras de opinión: seguridad humana, empleo, alto costo de la vida y mejoramiento de la calidad de la educación y la salud; y agregamos los efectos del cambio climático. El cumplimiento de estas demandas sociales es tarea de todos: Estado, empresariado y sociedad, así lo mandan la Constitución, los derechos humanos y el sentido común, que escasea en los políticos locales. En este escenario urbano de múltiples conurbaciones, donde recién se está calibrando la magnitud real de la recesión económica global más los efectos de la epidemia y sus confinamientos sobre la sociedad y la economía nacional, el Estado debe coordinar acciones en beneficio colectivo con todas sus instancias territoriales, más allá de intereses partidistas, ‘yoicos’ o electorales, priorizando las necesidades sentidas de los grupos sociales vulnerados, como los llama Boaventura de Sousa. Y los regímenes seccionales deben priorizar beneficiar a niños, adolescentes y jóvenes en empleos y seguridad social; aquí se concentran pandilleros, sicarios y delincuentes callejeros que provocan la inseguridad creciente. Deben hacer gala de creatividad aprovechando los “resquicios legales”, como proponía el jurista Eduardo Novoa Monreal, y no argumentar que esas tareas no son de su competencia.