Medida desafortunada e improvisada
La tenencia de armas per se no genera más seguridad, ni garantiza una convivencia armónica ni paz social
La violencia en Ecuador en 2022 ha sido creciente, alarmante y sangrienta en todas sus formas. A diciembre pasado, la tasa nacional de homicidios fue de 25.9 homicidios sobre 100 mil habitantes, es una de las más altas de la región, y un gran demérito para el país que por primera vez registra esa cifra elevada y Guayaquil está entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Ocupamos el cuarto puesto regional, solo nos superan Venezuela con 40.4, Honduras 35.8 y Colombia 26.1; inclusive, superamos a México que presenta una tasa de 25.2, según el Balance Anual de Homicidios 2022 de InSight Crimen. El Informe también destaca que,” … los altos niveles de cocaína que ingresaron al país intensificaron la violencia y asesinatos alcanzando niveles récord”. Además, presenta a partir de gráficos estadísticos, cómo durante una década se registró un bajo y estable indicador de homicidios pero que se rompe a partir del 2019, cuándo la curva comienza a elevarse ascendentemente hasta ahora. La tasa de 2022 se duplicó durante los 2 últimos años como consecuencia de los cotidianos enfrentamientos entre las bandas.
Nadie puede negar la profunda crisis de la seguridad pública que vivimos a todos sus niveles. En este escenario destacamos el fracaso del gobierno del banquero presidente que ha demostrado su incapacidad como de la institucionalidad creada al respecto, con la secretaría nacional de seguridad pública y el SNAI como en la conducción de la fuerza pública. Frente a sus problemas coyunturales, políticos e institucionales, está promulgando medidas desafortunadas e improvisadas que destacan la ausencia de una Política Pública de Seguridad Integral como de un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, como el caso del decreto ejecutivo 707 que autoriza “el porte de armas de uso civil para defensa personal…”, por estas razones:
Parece la postura de un Estado fallido, que transfiere a sus ciudadanos la responsabilidad de seguridad y protección que le corresponde.
La tenencia de armas per se no genera más seguridad, ni garantiza una convivencia armónica ni paz social.
“La previa autorización y el cumplimiento de requisitos” se convertirá en otra fuente de corrupción y de prebendas para los que tienen capacidad de pago.
