Medidas parches contra la criminalidad
El accionar delincuencial en esta coyuntura se manifiesta a través de asesinatos estilo sicariato o de atentados con explosivos, pero también en robos y asaltos a personas, domicilios y actividades económicas, que generalizan la inseguridad colectiva que conlleva al encierro y enjaulamiento domiciliario.
Desde 2019, como consecuencia de una serie de factores estructurales y coyunturales -que no podemos detallar por espacio- en Ecuador se han incrementado, de forma alarmante las manifestaciones de violencia y delincuencia del crimen organizado y callejera en el país, cuyo epicentro nacional ha sido la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, situación que ha provocado miedo generalizado en la población y que afecta todas las actividades cotidianas e impacta en la calidad de la convivencia democrática. El paratrabajo se ha convertido en el más grande generador de ocupación para los jóvenes del país (menores de 29 años), que hacen el 51 % del censo de población, cuyas más altas expresiones son el gran crecimiento de la economía subterránea o ilegal, la juventud de la población carcelaria y la proliferación de bandas y pandillas, según información policial. El accionar delincuencial en esta coyuntura se manifiesta a través de asesinatos estilo sicariato o de atentados con explosivos, pero también en robos y asaltos a personas, domicilios y actividades económicas, que generalizan la inseguridad colectiva que conlleva al encierro y enjaulamiento domiciliario. Estos hechos permiten dimensionar que el Estado debe promover otro modelo alternativo de desarrollo económico que impulse el multiplicador de empleos formales y decentes, según OIT, y un bienestar extensible a toda la población, sin exclusiones. Con medidas parches como las actuales nunca se podrá enfrentar y domeñar a la criminalidad organizada, se necesita diseñar otra estrategia con nuevas propuestas sociales, integración, policiales y rehabilitación. Finalmente, la multidimensionalidad de la violencia criminal exige mayor participación efectiva de la triada Estado, economía y sociedad; la seguridad, por su complejidad y componentes, no puede ser solo encargada a la fuerza pública. Creemos que el Gobierno la debe priorizar y convocar a los actores sociales y especialistas, sin sesgos políticos-ideológicos, sino dentro del ancho cauce democrático, como lo destacaba Alejandro Román, que coadyuven realmente a enfrentarla y controlarla en pro de la equidad.
