De narcogenerales a narcojueces
Las permanentes rupturas de la débil institucionalidad del Estado por parte de los cinco poderes constitucionales son un creciente atentado a nuestra frágil democracia y al Estado social y de derecho
Diversos motivos intervienen para el título de este artículo, como las incompletas denuncias realizadas por el embajador estadounidense, la finalización del estado de excepción y sus magros resultados, las inconclusas acusaciones realizadas por el banquero presidente del Opus Dei (¿lo hace por demostrar capacidad de ubicuidad y/o por sugerencias de Caicedo u Ordóñez?) y el bochornoso y deleznable comportamiento de una serie de jueces, señalo por ahora, ‘comprometidos’ con mafias y delincuentes sentenciados, pero sin ningún comentario al respecto ni del Consejo de la Judicatura-CJ, pleno de la Corte Nacional-CNJ o de la Asamblea. Las permanentes rupturas de la débil institucionalidad del Estado por parte de los cinco poderes constitucionales son un creciente atentado a nuestra frágil democracia y al Estado social y de derecho. Por ello esta terrorífica situación no puede continuar puesta afecta a toda la sociedad ecuatoriana; debe haber un redireccionamiento en los actuales objetivos del Estado democrático en las luchas contra el narcotráfico, enfrentando al crimen organizado y delincuencia común, corrupción pública y privada, pobreza y desigualdades sociales, cambio climático, protección de nuestra biodiversidad; y reducción de los impactos negativos de las epidemias. Estos enfrentamientos económicos, políticos y sociales son para larguísimo plazo. Sería un error garrafal de la triada Estado-sociedad y economía pensar que son coyunturales. Frente a las alarmas generadas por jueces corruptos como Oña Atocha, García Tello o Aldás Macías, entre otros, poniendo en régimen de prelibertad a criminales sentenciados como Daniel Salcedo, Junior Roldán o alias Gordo Luis, entre otros, el CJ con el apoyo del pleno de CNJ y la Fiscalía deben provocar un proceso de autodepuración integral de la administración de Justicia, superando el espíritu de cuerpo y las complicidades; agilizar los procesos penales y controlar el diluvio de amparos constitucionales; y que los jueces superiores califiquen las prelibertades de los jueces penitenciarios. Atender urgentemente la situación de las cárceles y programas de reinserción social, que deben servir de méritos para la reducción de penas.
