A parar la violencia criminal

Ecuador está viviendo la peor crisis de seguridad de su historia, la cual ha sido provocada por múltiples factores: la localización geográfica entre Colombia y Perú, que son los más grandes productores de cocaína del mundo. Esta narcoeconomía se fue construyendo desde 1970, cuando el expresidente Nixon creó la DEA y definió como uno de los nuevos objetivos geoestratégicos de EE. UU. la guerra contra las drogas ante la crisis y decadencia total del comunismo soviético. En este escenario-mundo, nuestra economía dolarizada fue paulatinamente posicionándose en el proceso social regional como un país de paso de la coca y cocaína, hasta llegar a ser lo que es en la actualidad: una superautopista para el tráfico del alcaloide, centro de almacenamiento y distribución de esta a través de su largo perfil costero y sus puertos. En este proceso histórico de más de medio siglo, el Estado ecuatoriano ha asumido, predominantemente, un papel pasivo y de “dejar hacer, dejar pasar”, salvo que circunstancias externas dispongan otras medidas. Actualmente, el narcotráfico ha adquirido tanto poder y presencia en Ecuador debido a la post-paz colombiana, después de una guerra encarnizada del Plan Colombia, con apoyo militar y económico de EE. UU. durante los ocho años de uribismo. Por el crecimiento de la demanda mundial del alcaloide y la presencia de los grandes cárteles globales y mafias en nuestro territorio y su asociación estratégica con las bandas delincuenciales locales para apoyar a esta ilícita exportación, el Estado se ha especializado en la captura de alijos, pero de poquísimos cabecillas y de sus riquezas mal habidas. El crimen organizado ha permeado todo nuestro sistema social, en especial el sistema político, la administración de Justicia, la fuerza pública y el aparato carcelario. Asume un comportamiento criminal en los procesos electorales de 2021 y el atípico actual, donde ha asesinado al estilo sicariato al candidato presidencial Fernando Villavicencio, que es la gota que rebosó el vaso. Ante este brutal asesinato debemos, como Estado y sociedad, unirnos y deponer posiciones de odiosidad política para detener la violencia criminal por el Estado social y de derecho.