Sobre la violencia carcelaria actual
En los últimos setenta años en Guayaquil se han presentado cíclicos repuntes de violencia social y delincuencial como la actual, que obligaron a autoridades políticas o religiosas a actuar, ya sea a través de las homilías de sus arzobispos, César Antonio Mosquera o Bernardino Echeverría, o por decisiones políticas como la de Carlos Julio Arosemena Monroy enviando el batallón Febres Cordero a Manabí para aplacar la violencia rural existente, o en regímenes dictatoriales, civiles o militares, cuando se ordenaba “dispara y después preguntas” en las batidas.
La violencia carcelaria actual está provocando un proceso de “mexicanización” de la realidad social, cuyo factor desencadenante es el maridaje entre cárteles mundiales presentes, alrededor de 17, y bandas delincuenciales locales en la narcoeconomía global, y donde los nacionales organizan y aseguran otras actividades delictuales, como trata de personas, sicariatos, venta de protección, extorsión, entre otras. En el sistema de control social del Estado el ente con mayor debilidad y vulnerabilidades es el penitenciario, debido a la escasa atención e importancia dada por este. En casi dos siglos de vida republicana, las referencias institucionales son: el Panóptico en Quito de García Moreno, la Penitenciaria del Litoral de Velasco y las cárceles de Turi-Cuenca y Latacunga de Correa, todas plagadas de graves carencias de funcionalidad de las construcciones, errores en el modelo operación y funcionamiento y la ausencia total de una política pública de rehabilitación y reinserción social de los detenidos. El sistema carcelario del país no es un mundo aparte, sino que se encuentra articulado para su viabilidad a otras instancias como la Administración de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno, el SNAI, el Sistema Nacional de Información Estratégica, principalmente. Es el accionar coordinado de todos estos entes lo que permite su funcionamiento adecuado, para lograr los objetivos de la pena. Se recomienda diseñar un modelo de gestión integral y tecnológico penitenciario para evitar la corrupción, que propicia el enfrentamiento entre bandas.
