¿Otra oportunidad perdida?
El principio de progresividad de los derechos estatuidos, debe llevar a evolucionarlos y mejorarlos, no a eliminarlos o degradarlos, más aún cuando se trata de participación ciudadana
La consulta popular es un instrumento costoso y contundente para viabilizar el mejor funcionamiento del país, por lo que su convocatoria debería centrarse en temas medulares.
La corrupción es uno de ellos y en este orden la reducción de asambleístas que propone el Gobierno es mínima y no es el problema de fondo, el real problema radica en la calidad de los asambleístas electos. Si la mayoría de las personas que ocupan las curules tuvieran formación política entonces tendríamos un poder legislativo que cubra las expectativas de la ciudadanía. En su lugar, nos quedan debiendo por su pobre desempeño y en este punto mucha responsabilidad tienen los actuales partidos políticos, que proponen candidatos sin un perfil válido que garantice su actuación.
Con esta propuesta solo las grandes provincias tendrán representatividad, mientras que las pequeñas y los migrantes en el exterior perderán sus derechos a elegir representantes por número poblacional.
El principio de progresividad de los derechos estatuidos debe llevar a evolucionarlos y mejorarlos, no a eliminarlos o degradarlos, más aún cuando se trata de participación ciudadana.
Incluso esta pregunta no es una enmienda, sino una reforma, lo que amerita otro trato, a más de ser inconstitucional proponer regresión y restricciones a los derechos y garantías ya establecidas.
La inseguridad es otro de nuestros flagelos y en la pregunta 1 se pretende dar atribuciones a las FF. AA. ajenas a su naturaleza, aun cuando esta intención ya fue tratada con anterioridad y declarada la inconstitucionalidad mediante Resolución de la Corte Constitucional No. 18, publicada en Registro Oficial Suplemento 79 de 30 de abril de 2019.
El fortalecimiento y profesionalización de la Policía Nacional en el contexto de un sistema de seguridad interna que supere a la delincuencia y al crimen organizado, así como una legislación que proteja la acción policial es el trabajo técnico que se debe realizar y en el que deben enfocarse todos los poderes del Estado para recuperar la paz que anhelamos.
