El gran laboratorio

Estados Unidos es la referencia autorizada para el mundo de cómo controlar o cometer errores en el manejo de la pandemia de COVID-19. Es una especie de enorme centro de experimentación, ya que cada estado tiene facultades propias, siendo el gobernador la voz autorizada para tomar ciertas decisiones, por encima del presidente del país.

Meses atrás Trump ordenó a los gobernadores (son elegidos) a abrir la economía de sus respectivos estados, sin haber consultado a un constitucionalista y al día siguiente tuvo que dar marcha atrás.

En ese país no existe el COE, hay el CDC (siglas en inglés), ente que tiene que ver con el control y la prevención de enfermedades; es la autoridad protectora de la salud. Su reputación a nivel mundial es intachable, pero demoró demasiado en sacar la mejor prueba para diagnosticar el COVID-19.

EE. UU. tiene reservas estratégicas de todo, incluyendo equipos médicos, como máquinas para respirar, pero no hubo suficientes. Tiene una infraestructura de data, única en el mundo por el alto nivel de conectividad entre instituciones del sector público y privado. En el caso de la pandemia, su industria farmacéutica está entre las mejores del mundo y sus universidades tienen extraordinarios laboratorios. 

Universidades tipo Johns Hopkins y Washington proveen de una variedad asombrosa de indicadores de estadísticas relacionadas a la pandemia, sirven de guía mundial. En ese país se conoce data ecuatoriana de COVID-19 que el MSP no publica, como la curva de casos nuevos. Pero es un país donde las libertades están en la Constitución, no modificada en siglos; no puede obligarse a las personas a quedarse en casa. 

Con tantos factores a favor y pocos en contra, hubo enormes desaciertos y muchos aciertos, como la actitud del gobernador del estado de Nueva York, primer epicentro de la pandemia; implementó políticas muy severas que paralizaron la ciudad principal y otras, para controlar la destrucción por COVID-19. Pero hay otros estados donde se encuentran los nuevos epicentros; sus gobernadores no aprendieron de lo hecho en Nueva York y hoy sufren las consecuencias.