Inés Manzano: A vuelo de pájaro
...entre los permisos pueden aplicar la Ley Orgánica de Eficiencia de Trámites con una declaración juramentada...
La Corte Constitucional suspendió los efectos del reglamento de consulta ambiental que se expide mediante Decreto Ejecutivo 754, en junio del 2023. Aún la Corte no resuelve al respecto.
Pero, ¿qué pasa realmente? Las personas pensarán que sus efectos son irrelevantes, pero está paralizado el ejecutar inversiones, ampliar, desarrollar cualquier actividad productiva nueva que requiere este específico permiso ambiental llamado licencia ambiental. Una construcción de hospital, la operación de un hotel, una ampliación de nuevas líneas de producción, un gestor ambiental de desechos peligrosos, un cambio de combustible o energía, instalación de termoeléctricas, plantas de hidrógeno, etc., y también actividades mineras e hidrocarburíferas. En resumen, toda actividad que genera empleo, divisas e impuestos, si requieren licencia ambiental no la obtendrán mientras esté suspendida la norma.
Dicho esto, ¿cuál debería ser el primer paso del Gobierno de Daniel Noboa?
Tener un nuevo proyecto de reglamento que mejore el que está suspendido, derogar el que está en la Corte Constitucional -con lo cual deja sin piso a los accionantes y a una Corte Constitucional indolente- y durante dos meses meterse a socializar su proyecto y mejorarlo, haciendo de este proceso uno a favor de escuchar a todos.
Paralelamente recibe 20.000 permisos sin aprobar, la misma cantidad que recibió el Gobierno de Lasso y que no han podido despachar. Aquí lo más importante es que entre los permisos (que no sean licencia porque tienen que esperar el reglamento suspendido) pueden aplicar la Ley Orgánica de Eficiencia de Trámites con una declaración juramentada por parte del proponente del proyecto y tal cual hace el SRI: aplicar control posterior. Esta salida legal debe imponerse ante los funcionarios flojos a quienes les encanta invocar equivocadamente el art. 326 de la Constitución como escudo para su inacción.
Estas aprobaciones de trámites represados ayudarán en primer lugar al ambiente, si es que están preocupados por este; a las empresas; a las compañías consultoras ambientales que deben esperar su pago cuando el proceso termina -hay auditorías ambientales represadas por 10 años -; y ayuda a la misma institución en su eficiencia al servicio del usuario, mística perdida pensando que los ministerios son para ‘corchar’ el desarrollo, hacer infeliz al empresario y reivindicar la burocracia ineficiente.
Financiamiento; he ahí otro problema a resolver, pero nuestra biodiversidad puede ser la solución a través de bonos temáticos, como cambio climático, biocomercio o de sistemas agroalimentarios sostenibles; iniciar proyectos para mercado de carbono. Y por qué no, aprovechar los depósitos especiales de giro del FMI.
Sociedad civil, ¿qué tal convocar a todas las ONG ambientales y mapearlas con los fines por los cuales fueron constituidas? Y conocer esa importante acción en territorio para apoyar, mejorar y ordenar información.
Este espacio es limitado para otros aspectos claves como economía circular, plásticos, control forestal satelital, inteligencia artificial, base de datos verde, etc., pero no quiero terminar sin mencionar que las cosas suceden bajo liderazgo firme, propósito, conocimiento, planificación y manejo de recurso humano.
