Crédito de carbono agrícola

Mientras escribo, el precio de petróleo cae a USD 58 el barril y el posible Fenómeno de El Niño estaría en pocos meses por nuestro territorio; malas noticias para el Gobierno y su plan de desarrollo e inversiones, pero una excelente oportunidad para ir conversando sobre el tesoro escondido que es el comercio de emisiones, donde no solo existe la oportunidad del Ecuador por su condición de país biodiverso -con más de 11 pueblos indígenas, con empresas que aspiran a la descarbonización (bajar o eliminar su dependencia de los combustibles fósiles y otros gases de efecto invernadero), con proyectos de reforestación y restauración forestal del sector privado-, sino con un sector campesino que de acuerdo a la Flacso, con base en los datos del Censo Nacional Agropecuario del 2001, señala que se puede afirmar que la agricultura familiar ecuatoriana se compone de 250.000 productores, 30 % del total; que estos disponen de 4 millones de hectáreas (33 %) de la superficie agropecuaria total; y que en 2019 el Banco Mundial estimó que un 36 % de la población ecuatoriana habitaba en la ruralidad.

En el caso del sector agrícola, este contribuye con el 11 % de las emisiones a nivel mundial. Existen programas de Compensación de Carbono para la industria agrícola, como los de cultivos no perecederos como el trigo y la soya; pero ya hay también para el mercado de productos frescos, que se estima tiene un valor económico superior a los 1,3 mil millones de dólares, por lo que este sector de la agroindustria tiene un gran potencial para influir en las emisiones de carbono globales. El carbono agrícola es importante porque contribuye a reducir los efectos de la emergencia climática que vivimos, donde se incluye la pérdida de biodiversidad que es componente ‘sine qua non’ de la agricultura.

Podría ser una fuente de ingreso adicional para el campesino, siempre y cuando estén bajo metodologías que puedan medir esa reducción o mitigación de emisiones, a través del ente rector nacional de la Agricultura, ministerio que hoy en día a través de varias subsecretarias están estudiando la oportunidad de hacerlo y de mejorar esas condiciones de ingresos a la agricultura familiar, cuyas barreras van desde la disponibilidad de trabajo, la educación, los costos de verificación y la falta de banda ancha de calidad que impide que los agricultores participen en estos mercados.

Negocios agrícolas globales como Bayer Cropscience y Nori están creando sistemas para pagarles a los agricultores para que implementen de manera voluntaria las prácticas de uso inteligente del carbono. Según el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA, estas prácticas incluyen: cultivos de cobertura; rotaciones de cultivos; digestores anaeróbicos; franjas de protección; plantación de árboles; trabajos de conservación, y otros.

El Ministerio de Finanzas debe mirar la gallina de los huevos de oro no bajo el nombre de combustibles fósiles sino del ‘stock’ de carbono y su potencial - la derogada Ley de Gestión Ambiental obligaba a contabilizarlo-; y que el país se merece un enviado especial de cambio climático alejado de los ministerios, con ‘expertise’ y visión global, que pueda lograr atraer esas inversiones diferenciadas, sostenibles y justas.