Impuesto a la cobardía
En ese escenario algunas alternativas son incentivar al sector productivo, para que, por ejemplo, cuando sus productos o servicios lleguen al consumidor final puedan mantener su valor y su calidad
De acuerdo con Cepal y su Estudio Económico de América Latina 2022 de desafíos de la inversión para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva, América Latina en el año 2022 crecerá 3 % versus el 10 % que alcanzó en el 2021. Y se dice que el año 2023 será igual, de decrecimiento económico.
En ese escenario algunas alternativas son incentivar al sector productivo, para que, por ejemplo, cuando sus productos o servicios lleguen al consumidor final puedan mantener su valor y su calidad. Asimismo, deberá entonces el sector público que otorga ese incentivo tributario, que es un sacrificio fiscal, asegurarse de que tenga un efecto en la economía, como más y mejores empleos, consumidores con productos y servicios de calidad, y que adicionalmente alrededor de esa empresa la infraestructura pública, el ordenamiento territorial, entre otros, complementen la inversión privada.
Por lo general, con estos incentivos nacionales o municipales se busca incidir en las decisiones de localización de las empresas, es decir, atraer las inversiones privadas a un país o región en particular, aumentando las expectativas de utilidades. O se puede buscar un cambio en las decisiones de producción, influyendo en el precio de los factores de producción (como contrataciones y maquinaria) o bien en la estrategia de comercialización (exportación).
Tomando el caso del cantón Durán, que es el de mayor crecimiento a nivel nacional, se han ubicado empresas de alto perfil, especialidad e internacionales y el clúster productivo más importante se alberga ahí, desde donde sale el 70 % de la exportación de camarón hacia el mundo. Es decir, el impacto positivo o negativo de una administración pública municipal tiene el poder de afectar una entrada comercial de un producto ecuatoriano. Durán tiene 37 años de cantonización, y han pasado 7 alcaldes (5 del PSC, 1 del PRE y 1 de Alianza PAIS) y hasta el momento no cuenta con servicios básicos como alcantarillado de aguas servidas, correcta recolección y disposición de basura; construcción y mantenimiento de vías industriales; no hay control de las invasiones de tierras; ordenanzas contradictorias y algunas que afectan la viabilidad y transporte de productos, así como a la seguridad jurídica; sin ordenamiento inteligente territorial (aprueban la construcción de un hospital en medio de zona industrial sin tener alcantarillado) y de las cosas más importantes -y común en los 221 cantones del Ecuador-: no existen planes para abastecer de energía eléctrica el crecimiento poblacional e industrial, como pueden ser las de fuentes renovables. Algunas empresas se preguntarán si valió la pena invertir en un cantón con cero visión de desarrollo. Y seguramente el momento político actual es conveniente para saber qué pasará con esta ciudad.
Para estos funcionarios públicos que entran y salen de un cargo de ejecución e impacto a la vida de ciudadanos, ¿no sería conveniente crear y aplicar el impuesto a la cobardía -más efectivo que un juicio y cárcel-, cuyo objetivo sea evidenciar su ausencia de valor, determinación y voluntad para actuar ante situaciones difíciles pero necesarias? Tal vez llamarlos cobardes impacte a su ego, más que decirles ladrones o corruptos.
